4 de September de 2009 00:00

El juicio no terminaría con la sentencia

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Olga Imbaquingo 
Corresponsal en  Nueva York

En una maniobra que recuerda mejor a las prácticas del escándalo de Watergate que llevó a la destitución del presidente de EE.UU., Richard Nixon, Chrevron-Texaco busca darle un giro dramático al juicio que llevan 30 000 indígenas en su contra en Lago Agrio.

Los vídeos que la  petrolera puso en Internet, donde supuestamente se involucran a miembros del Gobierno ecuatoriano y al juez Juan Núñez que lleva el caso, levantaron polvareda.

Los demandados quieren la destitución del juez por prevaricato y que se determine si en realidad se estaba montando un esquema de soborno. Los demandantes buscan saber si esto es solo un “juego sucio” de Chevron.

Según un abogado especialista en este tipo de temas, pero que pidió reservar su nombre porque no está involucrado en el caso, “un juez no se debería reunir con nadie, lo que veo es que el Juez se ha descalificado así mismo y parece no entender que su sentencia no será el dictamen final del caso. Lo que va a ocurrir es que una vez que se dicte la sentencia en Ecuador, esa debe ir a la Corte de Justicia ecuatoriana para que diga si apoya o no ese veredicto.

“Si la Corte apoya  y es negativa contra Chevron se abrirá un juicio en EE.UU. que obligue a ésta  a pagar los daños ambientales, dado que esta empresa no tiene activos en Ecuador. Eso será como volver a cero. Tarde o temprano el caso volverá a EE.UU. y lo que está haciendo la petrolera es frenar un tiempo más”. A su vez, Charles James, vicepresidente de Chevron,  le dijo a la revista  The American Lawyer, que “esperamos que la investigación que emprenderá el Procurador del Estado sea justa transparente y comprensiva. Una vez que conozcamos los resultados de esa investigación, contemplaremos el siguiente paso”.

Aparentemente frustrado de cómo se lleva la ley en Ecuador, James insistió en que “espera una investigación y una respuesta del gobierno independiente y limpia de conflicto de intereses”.

Esto en relación a las declaraciones de Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, quien para James representa el equivalente moral del consejo de la Casa Blanca en Ecuador. “Pero obviamente no gobernamos ese país. Aquí en EE.UU. cuando una persona es mencionada en una investigación, probablemente no será la misma que conduce la investigación”.   James recuerda que los primeros días de junio recibió una llamada de alerta. “Hicimos tipo de análisis forense antes de entregarlo (los videos) a las autoridades”. Esto habría incluido consultas a abogados de fuera de la corporación, entre ellos el  jurista Thomas Cullen, quien en los últimos tiempos  trabajó en el esquema para declarar en bancarrota a la automotriz Chrysler.

Chevron ha  sufrido una cascada de desprestigio. En mayo, Platt's Oilgram News reportó que los 16 años de juicio “le están pasando la factura” con sus accionistas, entre ellos Amnistía Internacional. La ONG  llegó a pedir una resolución que condene las prácticas ambientales de la compañía.

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