En la lista de procesados en el caso Singue están el exvicepresidente Jorge Glas y dos exministros de la era del correísmo: Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor. Foto: archivo / EL COMERCIO
La diligencia está prevista que se reinstale este 16 de marzo del 2020, a las 09:30, en el edificio de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. Se trata del juicio en el caso Singue, un expediente que estalló en el 2017 por supuestas irregularidades en la adjudicación de un campo petrolero. En la lista de procesados están el exvicepresidente Jorge Glas y dos exministros de la era del correísmo: Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.
Este proceso se inició con un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado, en donde se señala que la adjudicación del campo petrolero Singue no cumplía los requisitos de licitación.
Según las investigaciones, en el 2012 la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio formado por las empresas Dygoil y Gente Oil suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos, para su explotación por 20 años.
Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el presunto delito se habría cometido en el momento de realizar el cálculo de USD 33,5 por barril de petróleo, para la explotación del bloque “sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas”. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado ecuatoriano de unos USD 28,4 millones.
La Corte Nacional de Justicia señaló que las diligencias en materia penal y acciones constitucionales serán atendidas bajo los principios del debido proceso y garantizando los derechos de los ciudadanos. En cambio, las diligencias judiciales en materia no penal serán suspendidas esta semana.
Entre tanto, la Fiscalía emitió una serie de recomendaciones. En un comunicado de seis páginas se pidió, por ejemplo, que los fiscales, secretarios y asistentes de fiscales garanticen que sus expedientes investigativos no caduquen ni prescriban. Por ello, pidió generar planes de trabajo “que no trasgredan los derechos de las víctimas ni de los procesados”.