21 de September de 2009 00:00

Los jueces de Quito denuncian presiones

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Redacción Judicial  

El auditorio de los juzgados de Pichincha se convirtió en  un foro para que los jueces se destapen. Unos denunciaron que son presionados por  funcionarios del Estado: asesores ministeriales y delegados de organismos de control. En cambio, los delegados de la  Judicatura replicaron  que las sentencias las redactan  bufetes de  abogados.

Contra la corrupción

El Plan Nacional  Anticorrupción del Consejo de la Judicatura tiene  tres ejes principales: Transparencia de gestión; proyectos y reformas de Ley; e  investigación de actos de corrupción de los funcionarios.
 Además, se pretende  establecer los   efectos políticos de la corrupción. La propuesta dice  que “la corrupción es inherente al poder y la autoridad, en tanto constituye una manifestación del ejercicio desviado de los mismos”. Buscarán el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Está previsto  que hoy  y mañana, los directivos del Consejo de la Judicatura difundirán  el proyecto anticorrupción a los jueces de Imbabura. Luego se irán a otras jurisdicciones. La intención es que todos los judiciales conozcan el nuevo plan.

La cita ocurrió el  jueves pasado y fue convocada para informar a  los judiciales  sobre el nuevo Plan Nacional Anticorrupción. Unos 50 jueces y empleados se reunieron en el  remodelado salón. Allí estuvieron representantes de las áreas Penal, Civil, Laboral, etc.

Uno de los que tomó la palabra fue el  juez Vigésimo Quinto  de lo Civil, Iván Cevallos, quien explicó que los funcionarios del Régimen ejercen presión. Dijo que los  amenazan, que si no fallan  como ellos  quieren se presentarán quejas  y que  serán sancionados por el Consejo de la Judicatura. Esa denuncia  fue respaldada por otros judiciales,  pero ellos no dieron públicamente sus nombres.  

La nueva Constitución  entregó al Consejo de la Judicatura la misma  jerarquía que la Corte Nacional de Justicia. Es el único ente encargado de sancionar las faltas disciplinarias y administrativas de los judiciales del país.   

Según su  presidente, Benjamín Cevallos, la corrupción “no será permitida”. Por ello, se aplicará un sistema para  controlar que no haya casos de enriquecimiento  de los judiciales, por  hacer ‘favores’ a  determinados sectores.

Incluso Marco Tulio Cordero, vocal de la Judicatura y que también estuvo en la reunión, aseguró  que hay judiciales (sin dar nombres ) que trabajan con  bufetes de abogados. “Mandan a ciertos jueces, las sentencias en memorias USB, para que solo las chequeen y luego las devuelven con el visto bueno”.

En la reunión el vocal Cordero pidió a Cevallos que diga los nombres de “quiénes son los funcionarios o asesores de ministros, que quieren intervenir en la justicia”, para tomar las medidas necesarias. No obstante, evitó profundizar en el tema.

Según Oswaldo Domínguez, presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Judicatura, los judiciales no “están involucrados en la lucha contra la corrupción. No han mostrado receptividad hacia el Plan Nacional Anticorrupción”.

Pero se los obligará a cumplir las metas de ese proyecto. Para ello se instalarán  juzgados, en los que los abogados no tengan contacto con los jueces, pero puedan consultar en computadoras cómo avanza un proceso  y pueda solicitar el expediente, si lo desea. Además, se creará una base de datos con  todos los juicios. 

En el Plan Nacional Anticorrupción también se  estableció la posibilidad de investigar  actos de corrupción, en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Esta propuesta establece que la Secretaría pueda obtener información, incluso reservada, como el sigilo bancario, las indagaciones previas, etc. El plan señala que para ello se deberán hacer reformas  a las leyes de Extinción de Dominio, contra el Tráfico de Influencias, de Lavados de Activos, Ley  de Instituciones del Sistema Financiero, Código de Procedimiento Penal y al Código Civil.

Esto permitirá tener acceso al Registro Civil, al Registro de la Propiedad, a la Superintendencia de Compañías, al Registro Mercantil, a la Superintendencia de Bancos, al Tribunal Contencioso Administrativo, al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de la Judicatura.

En estas investigaciones no intervendrán los organismos de control como la Fiscalía. Solamente lo harán, cuando se tengan los resultados de los casos.

Sin embargo, Cevallos advirtió que se revisarán sus declaraciones juramentadas de bienes  de los jueces y se las comparará con las declaraciones de impuestos, para ver si hay enriquecimiento ilícito. “A fin de año revisaremos sus cuentas. Si no han cometido actos dolosos no tienen de qué preocuparse”, señaló.

También se realizarán cursos de capacitación en ética pública y se elaborará el Código de Ética de los Servidores Públicos, que será difundido entre todos los empleados estatales.

Según la Secretaría Anticorrupción, el Plan Nacional responde a “la revolución ética, uno de los ejes de la Revolución Ciudadana”. No obstante, esta propuesta puede  tener un efecto no planificado, pues dará  acceso ilimitado al Gobierno de  toda la información personal y reservada de los funcionarios judiciales, sin su consentimiento previo.

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