Redacción Judicial
El auditorio de los juzgados de Pichincha se convirtió en un foro para que los jueces se destapen. Unos denunciaron que son presionados por funcionarios del Estado: asesores ministeriales y delegados de organismos de control. En cambio, los delegados de la Judicatura replicaron que las sentencias las redactan bufetes de abogados.
Contra la corrupción
El Plan Nacional Anticorrupción del Consejo de la Judicatura tiene tres ejes principales: Transparencia de gestión; proyectos y reformas de Ley; e investigación de actos de corrupción de los funcionarios.
Además, se pretende establecer los efectos políticos de la corrupción. La propuesta dice que “la corrupción es inherente al poder y la autoridad, en tanto constituye una manifestación del ejercicio desviado de los mismos”. Buscarán el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Está previsto que hoy y mañana, los directivos del Consejo de la Judicatura difundirán el proyecto anticorrupción a los jueces de Imbabura. Luego se irán a otras jurisdicciones. La intención es que todos los judiciales conozcan el nuevo plan.
La cita ocurrió el jueves pasado y fue convocada para informar a los judiciales sobre el nuevo Plan Nacional Anticorrupción. Unos 50 jueces y empleados se reunieron en el remodelado salón. Allí estuvieron representantes de las áreas Penal, Civil, Laboral, etc.
Uno de los que tomó la palabra fue el juez Vigésimo Quinto de lo Civil, Iván Cevallos, quien explicó que los funcionarios del Régimen ejercen presión. Dijo que los amenazan, que si no fallan como ellos quieren se presentarán quejas y que serán sancionados por el Consejo de la Judicatura. Esa denuncia fue respaldada por otros judiciales, pero ellos no dieron públicamente sus nombres.
La nueva Constitución entregó al Consejo de la Judicatura la misma jerarquía que la Corte Nacional de Justicia. Es el único ente encargado de sancionar las faltas disciplinarias y administrativas de los judiciales del país.
Según su presidente, Benjamín Cevallos, la corrupción “no será permitida”. Por ello, se aplicará un sistema para controlar que no haya casos de enriquecimiento de los judiciales, por hacer ‘favores’ a determinados sectores.
Incluso Marco Tulio Cordero, vocal de la Judicatura y que también estuvo en la reunión, aseguró que hay judiciales (sin dar nombres ) que trabajan con bufetes de abogados. “Mandan a ciertos jueces, las sentencias en memorias USB, para que solo las chequeen y luego las devuelven con el visto bueno”.
En la reunión el vocal Cordero pidió a Cevallos que diga los nombres de “quiénes son los funcionarios o asesores de ministros, que quieren intervenir en la justicia”, para tomar las medidas necesarias. No obstante, evitó profundizar en el tema.
Según Oswaldo Domínguez, presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Judicatura, los judiciales no “están involucrados en la lucha contra la corrupción. No han mostrado receptividad hacia el Plan Nacional Anticorrupción”.
Pero se los obligará a cumplir las metas de ese proyecto. Para ello se instalarán juzgados, en los que los abogados no tengan contacto con los jueces, pero puedan consultar en computadoras cómo avanza un proceso y pueda solicitar el expediente, si lo desea. Además, se creará una base de datos con todos los juicios.
En el Plan Nacional Anticorrupción también se estableció la posibilidad de investigar actos de corrupción, en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Esta propuesta establece que la Secretaría pueda obtener información, incluso reservada, como el sigilo bancario, las indagaciones previas, etc. El plan señala que para ello se deberán hacer reformas a las leyes de Extinción de Dominio, contra el Tráfico de Influencias, de Lavados de Activos, Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Código de Procedimiento Penal y al Código Civil.
Esto permitirá tener acceso al Registro Civil, al Registro de la Propiedad, a la Superintendencia de Compañías, al Registro Mercantil, a la Superintendencia de Bancos, al Tribunal Contencioso Administrativo, al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de la Judicatura.
En estas investigaciones no intervendrán los organismos de control como la Fiscalía. Solamente lo harán, cuando se tengan los resultados de los casos.
Sin embargo, Cevallos advirtió que se revisarán sus declaraciones juramentadas de bienes de los jueces y se las comparará con las declaraciones de impuestos, para ver si hay enriquecimiento ilícito. “A fin de año revisaremos sus cuentas. Si no han cometido actos dolosos no tienen de qué preocuparse”, señaló.
También se realizarán cursos de capacitación en ética pública y se elaborará el Código de Ética de los Servidores Públicos, que será difundido entre todos los empleados estatales.
Según la Secretaría Anticorrupción, el Plan Nacional responde a “la revolución ética, uno de los ejes de la Revolución Ciudadana”. No obstante, esta propuesta puede tener un efecto no planificado, pues dará acceso ilimitado al Gobierno de toda la información personal y reservada de los funcionarios judiciales, sin su consentimiento previo.