Un grupo de exjueces y Aquiles Rigail, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ-T), se reunieron en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, este 17 de julio del 2018. Foto: EL COMERCIO
El vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ-T), Aquiles Rigail, recibió en Guayaquil a un grupo de exjueces que fueron destituidos bajo la figura de error inexcusable por parte del Consejo de la Judicatura anterior.
La reunión se efectuó este martes 17 de julio del 2018 en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde los exfuncionarios plantearon alternativas legales para el reintegro en la Función Judicial.
Rigail aseguró que la figura del error inexcusable se generó de manera “perversa” y que fue usada por los anteriores miembros del Consejo de la Judicatura para destituir a jueces que no se sometían a sus órdenes. Y que llevará a conocimiento del Pleno de la Judicatura para que se adopte una resolución sobre los funcionarios que perdieron sus puestos.
“Yo sostengo que los jueces destituidos por una figura incorrecta, maliciosa y perversa deben ser restituidos por supuesto a sus funciones porque de otro modo no cabe que se diga que esto está mal pero que no se corrija la maldad”, indicó.
El abogado Hernán Ulloa representa a 150 exfuncionarios entre fiscales, notarios y personal administrativo que perdieron sus puestos de trabajo, pero asegura que es mayor el número de los perjudicados y que también han tomado acciones legales personales.
“Hemos venido hasta aquí para realizar tres pedidos al Consejo: el primero es una acción de protección ante la vulnerabilidad de nuestros derechos; el segundo es que fortalezcan los departamentos de transparencia del CSJ; y el tercero es que exista una independencia en la Función Judicial ante los tribunales contenciones administrativos”, explicó Ulloa.
Dijo que tienen conocimiento de supuestos hechos corruptivos en la asignación de puestos a varios jueces que no alcanzaron los puntajes requeridos en los concursos de méritos y oposición.
Ante ello, el vocal solicitó que de manera formal se entregue un informe con las denuncias para así dar a conocer estos actos en el Pleno de la Judicatura y que la próxima semana se recibirá una comisión en Quito para que pueda exponer la documentación y así tomar las medidas de restitución respectivas.