4 de septiembre de 2019 00:00

Maribel Barreno: ‘Hay 6 000 presos que pueden acceder a la prelibertad’

El norte de Malí cayó entre marzo y abril de 2012 bajo dominio de grupos yihadistas, en gran parte dispersados por una intervención militar lanzada en enero de 2013 por iniciativa francesa que sigue en Barján.

Maribel Barreno es Doctora en Jurisprudencia, máster en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Procesal y Constitucional. Durante 15 años trabajó en la Fiscalía General. Se desempeñó como fiscal provincial en Pastaza y Pichincha. Foto: Julio Estrella / EL CMOERCIO

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

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Desde este miércoles 4 de septiembre de 2019 entrarán en funcionamiento cuatro unidades judiciales con jueces penitenciarios que operarán en Cotopaxi, Azuay, Manabí y Guayas. Además, el Consejo de la Judicatura firmó ayer un convenio con el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad para dar formación y capacitación a los magistrados que conocerán este tipo de causas.

El objetivo es que las autoridades tramiten demandas como las prelibertades y despachen en menor tiempo. La idea es reducir el hacinamiento en las cárceles y evacuar a presos que ya cumplieron los requisitos necesarios para obtener la prelibertad.

¿Cuántos jueces penitenciarios tenía el país?

El país no contaba con estos funcionarios, lo que existía es una ampliación a la competencia de los jueces de garantías penales. A través de dos resoluciones que expidió la Judicatura en el 2014, se dispuso que en las ciudades donde haya centros de rehabilitación, los magistrados penales sean quienes conozcan todos los temas penitenciarios.

¿Por qué recién este nombramiento, cuando la Constitución ya planteaba que deben existir magistrados penitenciarios?

Si bien es cierto que en la Constitución del 2008 ya se menciona a los jueces de Garantías Penitenciarias, no se habían realizado los procesos de selección de jueces en esta materia. No podría responderle a qué se debe la falta de creación de estas unidades por las administraciones anteriores. Como nuevo Consejo de la Judicatura hemos considerado que es necesario y urgente impulsar esta iniciativa.

¿Los magistrados que trabajarán en estas unidades son especializados en temas penitenciarios? ¿Han recibido capacitación sobre este tema?

Es un plan de emergencia que se está realizando, no contamos con personal especializado en temas penitenciarios. Sin embargo, quienes ocuparán estos nuevos cargos son funcionarios seleccionados que ya han conocido este tipo de casos.

Entonces, ¿son jueces que antes se desempeñaban en causas penales?

Así es. Por eso no les será difícil conocer esos casos. Además, junto con este proyecto se les brindará formación y capacitación en temas de garantías penitenciarias y también derechos humanos.

¿Cuántas juicios penitenciarios están pendientes de revisión?

Alrededor de 8 400 causas están en trámite. Eso significa que todos esos procesos conocerán los jueces penitenciarios a través de un resorteo. Con este proyecto vamos a despachar los casos represados de una forma más ágil y oportuna. Además, según datos de Servicio de Rehabilitación, hay aproximadamente 6 000 presos que ya cumplieron el porcentaje de condena para acceder a la prelibertad. Estos expedientes serían asignados a estos jueces.

¿Con esta medida se ayudará a reducir la crisis en las cárceles?

Esta medida ayudará a reducir el hacinamiento, pues al agilizarse los trámites de prelibertad habrá personas que saldrán de las cárceles. 

¿Los ocho funcionarios conocerán únicamente causas penitenciarias?

Los magistrados de las cuatro unidades sí; solo despacharán ese tipo de casos. En las otras provincias donde hay centros de rehabilitación, los jueces penales seguirán conociendo los procesos.

¿Cuánto costó implementar estas cuatro unidades judiciales?

Además de la optimización económica, hemos aprovechado la infraestructura ya existente. En las mismas instalaciones de las cortes provinciales se adecuarán los espacios físicos. Además, la implementación de este proyecto cuesta al año USD 270 000, que obedece al pago de sueldos, implementación de equipos tecnológicos y gastos inmobiliarios.

¿Los jueces penitenciarios que se implementarán son suficientes para los procesos existentes?

Es lo óptimo, pero a los tres meses haremos una evaluación del número de causas despachadas e ingresadas. Se hará un análisis si se necesita implementar en otra localidad una unidad más.

¿Por qué nombraron este tipo de funcionarios solo en cuatro provincias?

Se han realizado estudios con el personal técnico de la Judicatura y del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Se ha verificado que los trámites penitenciarios se concentran en Cotopaxi, Azuay, Manabí y Guayas. El 80% se resolvería en estos lugares, por eso necesitamos de manera urgente estos jueces.

¿Cuántos jueces van a trabajar en estos sitios?

Para la implementación de estas cuatro unidades judiciales hemos hecho un plan de optimización de recursos económicos y del talento humano. En este proyecto necesitamos contar con 36 servidores públicos. De estos, ocho son jueces, ocho secretarios, ocho ayudantes judiciales y el resto técnicos de audiencias, técnicos de ventanilla y gestores de auxilio.

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