3 de mayo de 2018 16:36

Investigan 17 llamadas falsas de amenaza de bombas en Guayas

Las autoridades del Guayas analizaron las sanciones para las personas que realicen llamadas falsas sobre amenazas del bombas. Foto: Cortesía de la Gobernación del Guayas

Las autoridades del Guayas analizaron las sanciones para las personas que realicen llamadas falsas sobre amenazas del bombas. Foto: Cortesía de la Gobernación del Guayas

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Redacción Guayaquil

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Dos adolescentes fueron retenidos la tarde del miércoles, 2 de mayo del 2018,  tras una llamada falsa de amenaza de bomba en un colegio público del norte de Guayaquil. Ambos estudian en el plantel que fue evacuado y fueron identificados como los autores de la amenaza desde un teléfono celular.

En las últimas dos semanas, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ha reportado 17 llamadas falsas por amenaza de explosivos en instituciones públicas y privadas de Guayas. El incremento coincide con el conflicto con grupos irregulares en la frontera norte del país.

El protocolo que se aplicará en estos casos fue analizado la mañana de este jueves 3 de mayo del 2018, en la Gobernación del Guayas. El gobernador José Francisco Cevallos dijo que serán severos en aplicar sanciones a quienes alteren la paz.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que se abstengan de realizar llamadas que causan grave daño a la tranquilidad. No es un juego y quienes cometan este tipo de delito serán puestos a órdenes de las autoridades”, advirtió.

Desde la Fiscalía se anunció que un agente especializado analizará las falsas llamadas para identificar a los infractores. Patricia Morejón, fiscal provincial del Guayas, indicó que se podría aplicar el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla sobre el terrorismo.

Este 2 de mayo del 2018, en un colegio del norte de Guayaquil se evacuó a estudiantes y padres de familia tras una falsa alerta de bomba. Foto: Cortesía

Este 2 de mayo del 2018, en un colegio del norte de Guayaquil se evacuó a estudiantes y padres de familia tras una falsa alerta de bomba. Foto: Cortesía


Este articulado cita que la persona que “mantenga en estado de terror a la población, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad (…) será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

“Si consideramos que estas llamadas han causado terror, porque las personas tuvieron que salir corriendo por su seguridad, esto se enmarca en un presunto delito de terrorismo en el grado de tentativa”, dijo Morejón.

La tarde del miércoles 2 de mayo fueron evacuados los edificios de la Corte de Justicia del Guayas y del Consejo de la Judicatura, ubicados junto al Parque Centenario de Guayaquil. El equipo de explosivos de la Policía llegó al lugar y verificó que era un llamado falso.

Más temprano, por la mañana, también acudieron a dos colegios particulares del norte de la ciudad. Niños y adolescentes de todas las edades fueron agrupados en puntos seguros y sus padres llegaron desesperados a retirarlos. Algo similar ocurrió en el plantel fiscal donde fueron retenidos dos adolescentes.

Lenin Zeballos, director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, explicó que tras las investigaciones se determinó que uno de los estudiantes solo prestó su celular sin saber el tipo de llamado que su compañero haría. Al autor de la amenaza le aplicaron medidas socioeducativas: deberá cumplir 100 horas de trabajo comunitario, redactar un ensayo y pedir disculpas públicas.

A más de las medidas judiciales, Éricka Lainez, subsecretaria de Educación de la zona 8, dijo que también se podrían aplicar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que en los artículos 330 y 331 establece sanciones máximas, entre ellas 30 días de suspensión y la separación y traslado a otro establecimiento educativo.

Además recordó que los planteles mantienen capacitaciones continuas ante situaciones de riesgo. Y que existen protocolos para la evacuación y ubicación de sitios seguros.

Cada llamada falsa por amenaza de bomba demanda un despliegue de recursos. Marco Figallo, coordinador zonal del sistema ECU 911, explicó que las alertas generan la movilización de más de 50 personas, entre policías especializados, médicos y agentes de tránsito que acordonan el perímetro de las instituciones evacuadas.

Figallo además recordó que el artículo 396 del COIP fija una pena privativa de libertad de 15 a 30 días para la persona que de una manera indebida utilice el número único de atención de emergencia 911, y que esta acción implique el desplazamiento de recursos.

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