La intervención guiada que había anunciado la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito en el campamento improvisado de Carcelén está parada. Foto: Archivo/EL COMERCIO
La intervención guiada que había anunciado la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito para inicios de esta semana está parada. El objetivo era movilizar a los ciudadanos venezolanos que armaron ese campamento improvisado en el parterre de la avenida Eloy Alfaro, en los exteriores de Carcelén, hacia refugios temporales en donde puedan descansar de manera digna, mientras logran viajar a otras ciudades o países o rentar un espacio para vivir dentro de la capital.
Según su titular, Juan Zapata, el Comité de Operaciones de Emergencia que fue convocado para la mañana de este miércoles 29 de agosto del 2018 debió ser suspendido por incumplimientos de otras entidades que forman parte. “Queremos ser enfáticos en que el Municipio de Quito ha cumplido con todos los requerimientos que nos han solicitado tanto los organismos internacionales como la Cancillería“.
Sin embargo, el Municipio decidió desactivar el COE hasta que las demás instituciones cumplan con las responsabilidades y compromisos. Según Zapata, la Prefectura de Pichincha tiene una delegada en ese comité, que había anunciado el 13 de agosto pasado que el gobierno provincial tenía capacidad para recibir a 105 personas en tres albergues en los valles. Además, ponía a disposición buses para movilizarlos.
Giovanna Tipán, delegada de la Prefectura de Pichincha en el COE, explicó que esta institución no tiene refugios armados como los que tiene el Municipio, sino que se arman según las necesidades. Para ello, se debe contar con planes y protocolos establecidos que garanticen que se tratará de albergues temporales.
Tipán señala que en el caso municipal no ha habido el flujo esperado. Se preveía que cada persona permanezca cinco días en un CTT, pero hay personas que llevan semanas allí. Zapata dijo que alrededor de 80 personas han salido de estos centros y han entrado nuevas. Por eso, hasta esta tarde, 120 personas estaban albergadas allí.
Este tipo de espacios deben contar con protocolos de apertura, de gestión, de administración y de cierre, dice Tipán, y añade que los CTT no tienen esos protocolos, por lo cual la Prefectura no puede crear nuevos. Mientras tanto, el gobierno provincial ha colaborado a través de un convenio con transportistas que aportaron con ocho buses para trasladar a 252 personas el jueves y 25 el viernes pasado hasta Huaquillas. Esas personas, dijo, lograron llegar a Perú antes de que ese país exigiera pasaportes a los venezolanos que deseen ingresar.
Para Zapata, el plan de una intervención guiada incluía presentar a los ciudadanos venezolanos alternativas al uso del espacio público. Estaba previsto que, además de los 105 cupos que ofrecía la Prefectura, se habiliten otros 40 cupos del Municipio de Quito y 80 del Albergue San Juan de Dios.
Para lograr el traslado se había planeado un operativo de movilidad y seguridad, con colaboración del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Pero en la reunión de esta mañana, la Prefectura informó que no estaban habilitados sus albergues.
Pero Tipán señala que la mayoría de personas que se encuentran en Carcelén no quieren dejar el campamento porque no están dispuestos a cumplir con las normas de un albergue temporal ni buscar un espacio para quedarse de forma definitiva.
Para ella, sería una “irresponsabilidad abrir por abrir” un refugio, que incluya temas de seguridad. En Carcelén hay gente que “no quiere estar, que no quiere cumplir” y ahí, según su criterio, tendrá que intervenir el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, para trabajar con los líderes y que las demás personas cambien. “Hay delitos, hay personas que están en trata, prostitución… había que intervenir antes de que el problema crezca”, dijo.
Mientras el Municipio tiene agentes de control, la prefectura no cuenta con una fuerza de ese tipo y Tipán señala que no se puede custodiar con Policía Nacional un albergue. Por ello cree necesario que se elaboren los protocolos que permitan una coordinación adecuada para enfrentar el problema de la gente que se niega a dejar el espacio público y a cumplir con disposiciones.
Entre las acciones municipales estuvo la activación de cinco de los ocho centros temporales de tránsito con los que cuenta la ciudad, para albergar por un plazo de cinco días a los viajeros que llegaron de Venezuela.
Además se entregaron kits de alimentos y limpieza. Estaban también listos los vehículos para transportar a los ciudadanos que debían salir del espacio público en Carcelén.