17 de octubre de 2018 17:23

Ocho años después de la insubordinación, tres exagentes relatan las secuelas del 30-S

Deogracio Alvarado Valverde contó como se ha desarrollado su vida a partir del 30 - S. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Deogracio Alvarado Valverde contó como se ha desarrollado su vida a partir del 30 - S. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Deogracio Alvarado Valverde dice que nunca se insubordinó durante los hechos del 30 S. Pero fue procesado y eso afectó a su madre. Estaba enferma y verlo detenido acrecentó la dolencia y falleció.

También lo acusaron de paralizar los servicios del Estado como el policial. Sin embargo, esta es la última escala de un proceso que inició como delito de suspensión de servicios públicos.

La investigación de su caso inició en el 2010. Tres años después, en el 2013, la figura delictiva cambió a insubordinación “porque él apuntó la responsabilidad también a altos manos de la Policía Nacional”.

En el 2013, él y otros 25 compañeros fueron llamados al cuartel para que aceptaran un “castigo simbólico” de seis días de detención o ir a un proceso judicial.

Luego del arresto se presentaron a trabajar y fueron detenidos por otros compañeros. Les dijeron que debían presentarse en una audiencia de formulación de cargos. El recuerdo de ese momento aún llena de indignación a Alvarado.

Él laboraba como agente en la Policía Judicial del Guayas. Puntualizó que durante el 30-S salió a ejecutar una orden de detención, cuando fue llamado por sus superiores para que regresara a la Policía.

Dice que al llegar a la oficina se enteró de las protestas que ocurrían en Quito. Horas más tarde salió a patrullar al evidenciar los robos y desmanes que ocurrían en el Puerto Principal.

En medio de esos hechos habló con periodistas y se refirió a lo que sucedía. Pero admite que dijo no saber nada sobre lo que pasaba en Quito. Para él, su aparición en los medios lo condenó.

Según Deogracio Alvarado, las constantes apelaciones e instancias jurídicas han hecho que su proceso prescriba. Pese a que asegura ser inocente y que ningún juzgado dictaminó su estado judicial, aún le duele haber sido señalado por un delito.

“Yo tengo felicitaciones y condecoraciones por mi trabajo. Desarticulé bandas criminales, los periodistas me conocían por mi trabajo”, relató mientras mostraba sus uniformes policiales que aún conserva con grato recuerdo.

-¿Guarda rencor a la institución que lo señaló?
-No. Yo aún sigo orgulloso de haber servido a la Policía.

Alejandro Bejar Gómez fue procesado por sabotaje y terrorismo en el 30- S. Él cuenta como ha sido trabajado para lograr justicia en su caso. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Alejandro Bejar Gómez fue procesado por sabotaje y terrorismo en el 30- S. Él cuenta como ha sido trabajado para lograr justicia en su caso. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Aunque no conserva sus uniformes, Alejandro Bejar Gómez, en cambio, guarda los recortes de periódicos viejos donde era mencionado como un agente destacado y principal investigador en casos delictivos.

En recortes de los Diarios precisamente apareció después como otro policía vinculado a procesos judiciales por el delito de terrorismo y sabotaje.

Bejar estaba por ingresar al curso de ascenso para sargento primero, cuando fue vinculado al proceso. En el 2013, la figura inicial del caso cambió a insubordinación. Durante ese tiempo, la entidad policial tramitó su baja, pero por sus años de servicio sí pudo jubilarse.

“Siempre soñé con llegar al grado más alto. Tenía preparado todo para mi ascenso y con eso jubilarme. Con todos los honores”, relató. Ese sueño se vio truncado. Él prestaba sus servicios en aquel año, en el Distrito Sur, en Guayaquil. Era jefe de patrulla y realizaba rondas de servicio urbano.

Dice que su principal lucha, luego de que prescribiera su proceso, es recuperar su honor y que “los verdaderos culpables sean sentenciados”.
Sostiene que durante su proceso judicial existió presión de entidades del Estado. “La fiscal en ese entonces se disculpó, decía que no podía hacer nada y nos señaló. Nos trató como delincuentes”.

Fernando Patiño fue implicado en el caso 30-S y para sostenerse montó una escuela de fútbol. Foto:  Victor Muñoz / EL COMERCIO

Fernando Patiño fue implicado en el caso 30-S y para sostenerse montó una escuela de fútbol. Foto: Victor Muñoz / EL COMERCIO

Fernando Patiño es otro uniformado, que fue procesado por el 30-S. En el 2016 fue sentenciado a dos años de prisión por el delito de alteración de la seguridad interna del Estado en el grado de encubridor. Asegura que jamás se giró boleta de captura en su contra.

Patiño explicó que trabajaba en el cantón Durán-Guayas, cuando ocurrió la revuelta. Dice que personas civiles paralizaron el puente de la Unidad Nacional y que allí había “algunos policías encapuchados”.

En ese caos, recuerda que ayudó a una mujer embarazada para que cruce el puente y acuda a una atención médica.

Pero fue vinculado a un proceso judicial. Hasta ahora, Patiño ha acudido a varias diligencias: revisión del caso, apelaciones, etc. Durante el proceso, puntualizó, ha sido señalado como encubridor y cómplice.

Para él, este caso ha sido duro. Cuando sucedió todo, su hija tenía 7 años. Un día se puso mal cuando le vio en la televisión que estaba detenido.
Luego de haber sido dado de baja, en el 2016, Patiño montó una escuela de fútbol para poder subsistir.

Las condecoraciones y diplomas por el buen servicio prestado en unidades especializas como la de Antinarcóticos, reposan en una carpeta, al igual que los documentos acumulados que evidencian fallas al debido proceso.

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