22 de mayo de 2019 17:58

Inquilinos se adueñan de departamentos y un local en Quito y no pagan el arriendo

Lucía (nombre protegido) muestra los procesos judiciales que tiene su inquilino según el portal de la Judicatura y los documentos que ya ha pedido para la demanda. Foto: El Comercio

Lucía (nombre protegido) muestra los procesos judiciales que tiene su inquilino según el portal de la Judicatura y los documentos que ya ha pedido para la demanda. Foto: El Comercio

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Andrea Medina

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Desde afuera se observa un local completamente remodelado. El material del piso se cambió y las paredes se pintaron para lo que iba a ser una cafetería, pero la puerta ha permanecido cerrada con llave y quien arrendó el local no ha cancelado por su ocupación desde hace nueve meses. Tampoco ha contestado llamadas ni mensajes.

Lucía A. (nombre protegido) alquiló este espacio ubicado en el centro norte de Quito en septiembre del 2018 y desde ese mes solo ha recibido USD 1 000 de los cerca de USD 12 000 que adeuda el arrendatario. Después de haberlo buscado con llamadas, correos y mensajes, el caso está por ingresar a una demanda judicial. No es el único inconveniente que tiene el inquilino.

En la desesperación de encontrar referencias de él, la familia de Lucía buscó posibles procesos judiciales en el portal web del Consejo de la Judicatura. Bajo su nombre encontraron casos de mora, cobros pendientes, demandas de divorcio, infracciones por insolvencia, embriaguez, rozamiento, desestimación y hasta ocultamiento de cosas robadas.

“Este señor parece que ya tenía la intención de engañarnos desde el inicio. Al inicio firmamos un contrato en el que se anotó su nombre y el de un socio, con quien montaría el negocio de la supuesta cafetería. Pero después pidió un cambio de contrato y nunca más apareció para firmar el nuevo documento. Nos dijo que invertiría USD 13 000 para dejar el local como nuevo y eso hizo, pero se esfumó”, contó Lucía.

Lucía está desesperada, porque no sabe qué hacer, sobre todo porque desaparecieron los juzgados de inquilinato, que asesoraban a los arrendadores.

Por falta de recursos, Lucía no ha podido contratar un abogado para seguir la demanda. “Ya no sabemos qué hacer. Como ahorita no tenemos mucho, estamos esperando que se cumpla el tiempo equivalente a lo que nos adeuda para que él no presente una contra demanda, pero no es justo. Al menos lo que queremos es que se vaya del local, porque no tenemos ese ingreso”.

Un caso similar, pero que ya entró a juicio, le ocurrió a Ana M. (nombre protegido para no interferir el proceso judicial).

En junio del 2018, Ana compró un departamento en el norte de Quito. Pero desde ese entonces y hasta hoy (22 de mayo del 2019) no ha podido ingresar al inmueble porque está ocupado por una inquilina quien se rehúsa a dejarlo y tampoco ha pagado por su ocupación durante estos 11 meses.

Los inconvenientes empezaron el mismo mes que adquirió el departamento. El dueño anterior lo arrendaba a la actual ocupante a quien le notificó que la nueva propietaria era Ana para que cancelara a ella el arriendo mensual (USD 500) o abandonara el lugar. Pero no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro.

En estos últimos 11 meses, Ana ha pasado entre pedidos de documentos, trámites jurídicos e insistentes llamados a su inquilina para que cancele los ya cerca de USD 5 000 que ha dejado de recibir por el inmueble que compró y del cual desconoce su estado. La ocupante, una mujer que aparentemente vive sola en el lugar, se ha negado a cancelar hasta la alícuota del edificio.

“Se ha convertido en todo un dolor de cabeza, la señora nunca ha dado la cara y yo he tratado de conversar. Entiendo que los inquilinos tienen sus derechos, pero nosotros también estamos en desventaja. Es terrible como se demora la justicia. Vamos meses en todo esto”, insistió Ana.

Juan H. ha vivido una situación similar desde enero de este año. Su inquilino no le cancela desde ese mes las cuotas mensuales por ocupar una casa también ubicada en el norte de la capital. La deuda ya superó los USD 5 000 este mes. También lo ha buscado, ha ido a la casa, pero no ha recibido respuesta. Los vecinos le dijeron a Juan que han visto al arrendatario ingresar a la casa en su auto durante las noches. Incluso hace unos días se llevó dos mascotas que estaban en la terraza de la casa y que los vecinos aseguraban que no las alimentaba.

“En el primer año cumplió con los arriendos cada mes. Nunca tuvimos ningún problema, después dijo que no le pagaban por unos trabajos y que por favor le esperemos. Me prometió ponerse al día, pero eso no ha pasado. Lo único que quiero es que entregue el departamento, ya ni siquiera que pague la deuda, pero no contesta. Me lee los mensajes, pero no dice nada”.

La última llamada fallida que le hizo Juan –desde otro celular- fue la mañana de este miércoles, pero el arrendatario tampoco contestó.

Susana Beltrán, abogada experta en Inquilinato, recomendó a los propietarios de inmuebles que antes de concretar un acuerdo de arrendamiento es esencial la elaboración de un contrato completo porque es la base legal para cualquier procedimiento posterior. "En el contrato se deben esclarecer todas las cláusulas, pero deben estar claras, desde ahí parte todo. Hay quienes se dedican a las Bienes Raíces pero no incluyen todas las cláusulas que deben tener este tipo de documentos y por eso después no sirven para un proceso legal".

En varias ocasiones, añadió Beltrán, muchos inquilinos al saber que el proceso ya está con la mediación de un abogado de inquilinato suelen desocupar el inmueble a los pocos días, porque es común que no cuenten con los recursos necesarios para contratar un abogado que los represente.

Este tipo de asesoría legal, en los diferentes casos de inquilinato, también se puede obtener a través de entidades como la Defensoría Pública donde se brinda asesoría por falta de pago de tarifas por parte de los inquilinos, suspensión de servicios básicos, por desocupación de un local que se queda con candados, por destrucción, entre otros puntos.

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