10 de diciembre de 2018 14:20

Procurador Íñigo Salvador:  Los periodistas fueron conducidos por gente de alias Guacho a Colombia y ahí les comunicaron que eran rehenes

Íñigo Salvador, procurador General del Estado

Íñigo Salvador, procurador General del Estado, durante una rueda de prensa. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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Íñigo Salvador, procurador General del Estado, dijo ya “no tienen razón de ser” las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó, el 12 de abril del 2018, a favor del equipo de prensa de EL COMERCIO secuestrado el 26 de marzo y posteriormente asesinado en la frontera de Ecuador y Colombia.

A través de una rueda de prensa, realizada la tarde este lunes 10 de diciembre del 2018, Salvador ratificó su pedido para que la CIDH levante esas medidas y concluya su trabajo de investigación en diciembre de 2018. Eso de acuerdo con el cronograma que el organismo internacional presentó cuando inició el seguimiento, tras confirmarse los crímenes del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

“No veo la pertinencia ni la necesidad de que se extienda su tiempo de trabajo”, dijo Salvador este lunes 10, después de que fuera cuestionado por los familiares del equipo de prensa y por la defensora del Pueblo de Ecuador, Gina Benavides, por no permitir que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH realice un peritaje sobre la seguridad de los periodistas en las zonas de riesgo en la frontera norte.

“La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como institución nacional de Derechos Humanos, expresa su preocupación frente a la posición presentada por las autoridades estatales del Ecuador que participaron en la audiencia ante la CIDH realizada el jueves 6 de diciembre de 2018, la cual trató sobre las medidas cautelares 309/18 emitidas como consecuencia del secuestro de Efraín Segarra, Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes, miembros del equipo de diario El Comercio y sobre la implementación del mecanismo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE)”, señaló Gina Benavides, en un comunicado público fechado el domingo 9 de diciembre.

Salvador insistió este lunes en que el trabajo del ESE debe terminar. Según él, el Estado ecuatoriano, en especial la Fiscalía, está ávido de conocer las recomendaciones que hará el equipo de la CIDH cuando entregué su informe final, previsto para este diciembre o a inicios del próximo 2019.

Para Salvador, los investigadores internacionales han enfocado su análisis en los autores mediatos, quienes por alguna omisión tengan responsabilidad en el secuestro o en los asesinatos. Y criticó que “eso no les corresponde”.


El Procurador insiste en que el secuestro ocurrió en Colombia

Gina Benavides, defensora del Pueblo, en su comunicado del domingo 9, expresó que le “llama la atención” la afirmación realizada por el procurador Íñigo Salvador en la CIDH “al sostener que el secuestro del equipo periodístico habría tenido lugar en Colombia, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de lo afirmado”.

Cuestionado por esa afirmación, este lunes el representante del Estado ecuatoriano insistió en su tesis. ¿Sobre qué base? Con base en la investigación realizada por el fiscal Wilson Toainga, dijo Salvador.

Según el procurador Íñigo Salvador, con el curso de la investigación del Fiscal, que es confidencial, “se abre esta otra posibilidad, que es que el delito haya ocurrido en territorio colombiano, como lo muestra el testimonio que consta en uno de los procesos colombianos, revisados por el fiscal ecuatoriano, de que los periodistas fueron conducidos por gente de alias Guacho al otro lado de la frontera a realizar una entrevista a alias Guacho y que ya habiendo llegado al lugar donde se encontraba este criminal se les comunicó que no había tal entrevista y que ellos desde ese momento eran rehenes víctimas de un secuestro”.


El 6 de diciembre, cuando participó en la sesión ante la CIDH, el Procurador dijo que para Ecuador el secuestro y el asesinato del equipo de prensa de EL COMERCIO ocurrieron en Colombia y pidió levantar y archivar las medidas cautelares solicitadas por la CIDH en el caso.

Si el Estado, a través de la Procuraduría considera que no hubo delito en Ecuador, ¿qué se puede esperar de una investigación de la Fiscalía?

Salvador señaló que “de momento el hecho de que el delito se cometió fuera de la República del Ecuador es una de las hipótesis que está persiguiendo el doctor Toaínga. Si es que esa hipótesis a lo largo de la investigación llega a ser desvirtuada, obviamente que se perseguirá el delito aquí en el Ecuador. Pero si además en la investigación surgieran otros posibles indicios de otras personas que directa o indirectamente hubiesen contribuido a la muerte de los periodistas del diario EL COMERCIO, obviamente que, si es que esos hechos han ocurrido en el Ecuador, serán juzgados en el Ecuador”.

La Defensora del Pueblo, no obstante, exhortó públicamente a las autoridades del Estado ecuatoriano, “en cumplimiento del deber de prevenir, proteger e investigar las violaciones de derechos humanos” a que:

a) Permitan la realización de todas las acciones previstas por el ESE con la finalidad de que cumpla de manera efectiva con su plan de trabajo, lo cual, comprende el peritaje en frontera norte respecto de la seguridad para el ejercicio periodístico.

b) Consideren la ampliación del tiempo previsto de operación del ESE hasta que se hayan realizado todas las acciones previstas en su plan de trabajo, tomando en cuenta las dificultades para el inicio de su funcionamiento expresadas por el Relator para la Libertad de Expresión.

c) Revisen la decisión de solicitar el levantamiento y archivo de las medidas cautelares a la CIDH dado que hasta el momento no se ha llegado a información concluyente ni acciones concretas que garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.

d) Continuar con la investigación de los hechos sucedidos en la frontera norte vinculados al secuestro, cautiverio y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra a fin de identificar y sancionar a los responsables y reparar integralmente a sus familiares.

Íñigo Salvador, procurador General del Estado, habló sobre las medidas cautelares dictadas por la CIDH para el equipo de prensa secuestrado en la frontera norte. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO


El 26 de marzo del 2018, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes de un equipo de prensa de EL COMERCIO, llegaron a la población fronteriza de Mataje, Esmeraldas, luego de recibir la autorización de un retén de las Fuerzas Armadas, ubicado casi dos kilómetros antes de la frontera en Ecuador.

Los tres integrantes del equipo de prensa desplazaron a Mataje para efectuar una cobertura periodística, como parte de decenas de trabajos efectuados por equipos del rotativo en esa zona de territorio ecuatoriano desde que un coche bomba explotó en San Lorenzo, cantón esmeraldeño al que pertenece Mataje. Ese 26 de marzo, los tres fueron secuestrados.

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