Redacción Política
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se reúne hoy, a las 09:00, para analizar una nueva sanción a Teleamazonas. A través de ella, se pudiera aprobar la suspensión de sus emisiones por un tiempo de 90 días.
El procedimiento
Teleamazonas enfrenta el cuarto proceso en su contra durante el actual Gobierno. El primero fue por difundir imágenes de crueldad contra animales.
El segundo caso fue por la transmisión de una protesta de los habitantes de isla Puná, quienes se oponían a que se realicen trabajos de prospección para encontrar gas natural en el sitio.
El tercero fue por una noticia en la que los asambleístas del PSC-Madera de Guerrero denunciaron un supuesto centro de computo clandestino.
El caso se refiere a la difusión de una grabación presentada por el opositor Fernando Balda, sobre una reunión del presidente Rafael Correa, la asambleísta Silvia Salgado y el ministro Ricardo Patiño. En la cinta se discutieron unos supuestos cambios que se habrían producido en el texto de la Constitución, aprobada en Montecristi..
Según el informe presentado por Jorge Aguirre, director de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), el medio de comunicación incurrió, al difundir la grabación, en una doble falta: La primera tiene que ver con el artículo 18 de la Constitución, que establece que los medios de comunicación están en la obligación de difundir “información veraz y verificada”.
La otra violación del canal es al literal e) del artículo 58 de la Ley de Radio y Televisión. Este prohíbe a los medios “transmitir noticias basadas en supuestos, que pueden producir perjuicios o conmociones sociales”.
Según la Senatel, esta falta -la de difundir hechos que generan conmoción social-, sería la segunda infracción en la que incurre el medio de comunicación en el mismo año. Por lo tanto, procedería la sanción administrativa de la suspensión del canal de televisión durante 90 días.
El caso anterior, por el que fue multado con USD 40, es el de la difusión de un supuesto centro de computo clandestino que funcionaba en Guayaquil.
Teleamazonas considera que el informe de la Senatel tiene vicios legales. Carlos Jijón, vicepresidente de Noticias, recuerda que la investigación se inició por pedido del Presidente de la República, quien prohibió la difusión de grabaciones.
Sin embargo, añade que durante el proceso se cambia la figura y el caso se relaciona con la prohibición establecida en el artículo 58 de la Ley de Radio y Televisión. Forjan un argumento para suspender al canal al asegurar que este es un segundo caso de una supuesta transmisión de noticias que pueden producir conmociones sociales. Jijón recuerda que no se puede acusar a Teleamazonas de difundir información falsa, pues el Presidente reconoció que sí existió la reunión con el Partido Socialista.
Jijón también cuestiona la competencia que tiene el Conatel para abordar estos casos. La razón es que la Ley de Radiodifusión establece estas atribuciones al Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel). Pero este organismo fue absorbido por el Conatel con el Decreto Ejecutivo Nº 8, del 10 de agosto pasado.
Como un Decreto no puede reformar la Ley, la competencia del Conatel no está claramente establecida.