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Informe final sobre persecución política se conocerá este enero del 2019

Ella es madre de un policía detenido en el 2015 por la venta de pases. Por orden de un juez, desde el 18 marzo pasado porta un grillete. En la foto, Martha (der.) aparece en la Corte Nacional donde solicitó un recurso para su hijo. Foto: Julio Estrella /

Ella es madre de un policía detenido en el 2015 por la venta de pases. Por orden de un juez, desde el 18 marzo pasado porta un grillete. En la foto, Martha (der.) aparece en la Corte Nacional donde solicitó un recurso para su hijo. Foto: Julio Estrella /

Ella es madre de un policía detenido en el 2015 por la venta de pases. Por orden de un juez, desde el 18 marzo pasado porta un grillete. En la foto, Martha (der.) aparece en la Corte Nacional donde solicitó un recurso para su hijo. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Con ropa cómoda y acompañado de su hijo. Cocinando sopa y un seco de pollo en su pequeño departamento de paredes y puertas blancas en el norte de Quito. Así pasa Pablo Molina, un exempleado público que desde el 2015 no encuentra trabajo. El 10 de junio de ese año fue despedido luego de haber trabajado 20 años como creativo en un Departamento de Planificación.

Él sabe que la razón de su despido fue una fotografía que publicó en sus redes sociales. En la imagen sostenía un afiche con la frase #FueraCorreaFuera. Esa gráfica fue subida un sábado y al lunes siguiente en el trabajo le dijeron que su cargo ya no era necesario y que su partida había sido suprimida.

Ahora, su caso reposa en la Mesa por la Verdad y la Justicia que el Consejo de la Judicatura conformó en agosto del 2018. Desde ese mes se recopilan y analizan casos de personas que sufrieron algún tipo de persecución en el anterior gobierno. A sus oficinas llegaron 247 casos. Entre ellos estaba el de Molina, quien luego de ser despedido buscó trabajo, pero dice que no ha conseguido.

Casos de persecución política. Fuente: Mesa de la Verdad y Justicia

Tres meses antes de su despido su esposa también se quedó sin trabajo y no tenían dinero para la comida. Por eso, en el 2016, Molina pidió dinero a su familia y viajó a EE.UU. para trabajar en un hotel, en donde lavaba platos y ayudaba en la cocina. También laboró en una lavandería de ropa. Doblaba toallas y hacía la limpieza.

90 días después volvió a Ecuador, pero retornó a Estados Unidos con su hijo y su esposa. Sentado en uno de los dos muebles de su casa, Molina llora y recuerda que dos años atrás incluso su hijo tuvo que hacer empanadas y sánduches para vender en su colegio.

Paúl Jácome, presidente de la Mesa por la Verdad, asegura que casos como el de Molina han sido analizados y que tienen suficientes evidencias para catalogarlos como persecución política.

El caso de Martha también está en la Mesa. Ella es madre de un policía detenido en el 2015 por la venta de pases. Tras la captura, ella fue acusada por lavado y la señalaron porque el dinero que su hijo habría obtenido de los pases estaría en su cuenta bancaria. Ella asegura que no es así. Por orden de un juez, desde el 18 marzo pasado porta un grillete.

En la Mesa se estudió este tema y se dijo que es “sospechoso” que la hayan acusado por lavado, pese a que se dedica al comercio informal: vende bizcochos en el sur de Quito.

La Mesa por la Verdad identificó 493 indicios que ratificarían que los operadores de justicia violaron el debido proceso. Por eso se solicitó a la Judicatura que se investigue a 495 jueces y fiscales, acusados de perseguir a los opositores del expresidente Rafael Correa.

Esta instancia presentará el informe final la segunda semana de este enero del 2019. La idea es que el documento llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que en la Asamblea Nacional y en la Presidencia de la República se conozcan los detalles para que se genere un debate.

Uno de los últimos casos recibidos por el grupo de la Judicatura fue el de Hernán Echeverría, quien en el 2008 trabajaba en una empresa privada de telecomunicaciones como ingeniero. Tras recibir un proyecto, detectó irregularidades que involucraban al Director de su Departamento y al exvicepresidente Jorge Glas.

El caso lo llevó al dueño de la compañía, pero cuatro días después fue despedido sin explicaciones. Luego buscó empleo, pero en las entrevistas le preguntaban esto: ¿Tuvo un problema con algún alto funcionario del Gobierno?

La explicación que le daban era que su nombre aparece en una “lista negra” de personas que no pueden ser contratadas y que esa nómina reposa en la Secretaría de Inteligencia. Ahora busca que se desclasifique toda la información relacionada con su caso.

Con la voz entrecortada cuenta que en 10 años no ha conseguido empleo fijo y que ha trabajado como albañil o de mecánico automotor. Producto de la persecución incluso su esposa perdió su puesto como profesora de un colegio.

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