La tarde de este miércoles 9 de septiembre del 2015, Human Rights Watch (HRW) emitió un comunicado desde Nueva York, en el que insta al Gobierno de Ecuador poner fin “a sus ataques contra las organizaciones independientes de derechos humanos en el país”.
El pronunciamiento llega después de que el último 7 de septiembre, la Secretaría de Comunicación (Secom) del Gobierno abriera un proceso administrativo con el fin de disolver Fundamedios, alegando que la organización se ha comprometido con agendas políticas al difundir en sus redes sociales ‘links’ de blogs o artículos críticos con el Gobierno, dice la organización.
Según el comunicado de HRW, “el cierre arbitrario del grupo violaría las obligaciones gubernamentales de respetar y proteger los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de asociación”.
HRW pide al Gobierno de Quito archivar el proceso de disolución de Fundamedios y le recuerda “su obligación de proteger los derechos a la libertad de expresión y asociación”.
Por su parte, el director del manejo en América de HRW, Daniel Wilkinson, declaró que “la administración de (Rafael) Correa quiere castigar a una organización por tuitear artículos con noticias y opiniones que no son de su agrado. Es un abuso de poder y claro ejemplo de las prácticas autoritarias del Gobierno”.
En la notificación de disolución, que le fue entregada por la Secom al titular de Fundamedios, César Ricaurte, se acusa a la organización de difundir mensajes, alertas y ensayos con “claras implicaciones políticas”. Adjunto al documento estaba un anexo de 57 tuits con los ‘links’ a los artículos críticos con el Gobierno.
Esto, según la Secom, constituye una violación del objetivo que persigue Fundamedios de promover el desarrollo social a través de los medios y de su prohibición de tomar partido en asuntos políticos. Tal y como consta en los artículos 6 y 9 del estatuto vigente de la organización social.
La violación de estos estatutos constituiría un incumplimiento además en “las causales segunda, antepenúltima y última determinadas en el artículo 22, antes artículo 26, del reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales“.
En el comunicado, HRW recuerda que en el 2013 el Gobierno de Rafael Correa emitió un Decreto Ejecutivo que le da al Ejecutivo el poder de intervenir en las operaciones de organizaciones no gubernamentales e incluso disolver grupos basándose en que estos han “comprometido la paz pública” o han realizado actividades distintas a las que estaban listadas cuando se registraron con el Gobierno.
Una actualización de este Decreto fue adoptada en el 2015. Según esta última, el Gobierno tendría todo el poder de disolver organizaciones no gubernamentales. Es por eso que HRW insta al Gobierno de Ecuador a “cerrar el proceso administrativo contra Fundamedios y a revocar los decretos para cumplir con su obligación de proteger los derechos de libertad de expresión y asociación”.
El comunicado recuerda que por legislaciones internacionales, los gobiernos están “obligados a asegurar que se les permita a los defensores de los derechos humanos a realizar sus actividades sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios”.
Según HRW, la disolución de Fundamedios por parte del Gobierno sería una violación del Artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consigna que el derecho a la libre asociación.
El segundo apartado de esta acta consigna que“el ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.
Al final del comunicado, Wilkinson asegura que de darse el cierre de Fundamedios se generaría una preocupación internacional sobre la libertad de expresión en el país.