28 de September de 2009 00:00

Hagan bien las cosas

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Miguel Rivadeneira V.

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Insisto en la necesidad de cambios estructurales para lograr un mejor nivel de vida de las personas, que generen  oportunidades a todos y que propendan a la consecución de una auténtica democracia. Hay que reconocer muchos avances sociales que se han conseguido. Empero, los cambios de fondo no pueden atropellar el ordenamiento jurídico y peor violar las normas constitucionales y legales. Se trata de un tema de principios y de coherencia para no repetir lo que tanto se criticó con razón al pasado y que desde el poder abusaron diferentes grupos y partidos tradicionales.

Sigue la dinámica de cambiar leyes mediante decretos, que representa una aberración jurídica. Existen casos concretos que demuestran abusos y errores evidentes que debieran enmendarse. Uno de los últimos: la asesoría jurídica de la Presidencia le hace firmar al Ejecutivo el Decreto 8, el 13 de agosto último, mediante el cual se cometen errores de forma y fondo: se habla primero de la Ley de Radio y Televisión y luego de la Ley de Radiodifusión y Televisión y se invoca a las dos para lo mismo. La primera no existe. Se fusiona al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión con el Conatel, pero legalmente el primero no ha desaparecido porque la Ley no ha sido derogada. En las FF.AA. no están de acuerdo con esto. Su máximo representante, el Jefe del Comando Conjunto, pidió que se aclare por lo menos esta situación legal y por ello no avaló las últimas decisiones del Conatel y abandonó la sesión.

El proyecto de Ley de Comunicación tiene que aprobarse por mandato constitucional y porque la comunicación e información no constituyen ninguna dádiva ni una graciosa concesión de nadie sino un derecho irrenunciable que deben tener todas las personas. En el proyecto de Ley de Comunicación, presentado por el sector oficial, se consagra esto, pero existen propuestas peligrosas, atentatorias e incompletas. La concentración del poder en el Consejo de Comunicación con una mayoría oficialista del gobierno de turno. Atenta contra el art. 20 de la Constitución que consagra la garantía al secreto profesional y la reserva de la fuente. Hay mucho más pero solo otra importante. Está bien que se eliminen los medios vinculados con el poder económico, que es mandato constitucional, pero ¿qué pasa con quienes detentan el poder político (cualquiera que sea) y que tengan medios? ¿Por qué no les prohíben? Ya hubo casos en Conartel en este Gobierno.
Y, lo que es peor, que sean jueces y parte en una comisión ocasional de la Asamblea que tramita el proyecto. El concepto de la Constitución es que no pueden decidir en un sector quienes tienen intereses. No caigan en las mismas prácticas que han criticado. ¿Solo la ética no es de todos o es para exigir a unos y que no sea aplicada para los que ahora detentan el poder?

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