Un estudio realizado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en conjunto con Misión Alianza Noruega, reveló que la principal causa de la violencia que experimenta Guayaquil es la ausencia de planes integrales de seguridad ciudadana para atender a las comunidades marginadas, sobre todo en zonas periféricas.
Esta investigación se realiza desde abril pasado en nueve comunidades de Guayaquil, donde residen al menos 200 000 habitantes.
En lo que va del 2022, Guayaquil, junto a Durán y Samborondón, alcanzan una tasa de 37 muertes por cada 100 000 habitantes, lo que la convierte en la segunda zona más peligrosa del país detrás de Esmeraldas que casi duplica esa cifra.
El estudio se hizo a través del levantamiento de información a través de encuestas, entrevistas y grupos focales. Además se realizaron encuentros y diálogos estructurados con líderes y organizaciones comunitarias.
En todos los territorios recorridos se determinó que las familias que menos recursos tienen en Guayaquil se ven afectadas por una violencia estructural como causa de la falta de un sistema de educación eficiente e inclusivo; un sistema de salud público de calidad y calidez; y de vivienda y trabajo digno. Además, de un sistema de servicios y obras públicas, que satisfagan sus necesidades, que se agudizan por la falta de planes de integración comunitaria.
Problema de Estado
Para el 46% de los líderes consultados el principal responsable es el Gobierno Nacional, que en décadas no ha atendido a la población de manera integral para garantizar derechos, como educación, salud y seguridad.
Esto ha dejado a la población a merced de grupos violentos, generadores de delitos como el tráfico de drogas, que para el 82% de los consultados es uno de los problemas más graves que experimentan.
Otro hecho recurrente, para el 55%, es la extorsión o las denominadas “vacunas”, que afecta a distintos estratos, incluidos los más pobres, quienes a diario también se ven afectados por asaltos y robos en domicilios; en la vía pública y buses de transporte.
Cuando profundizan en el tema seguridad, el 64% de las familias consultadas refieren que las bandas narcocriminales son las principales generadoras de temor e inseguridad en toda la ciudad. El problema se agrava porque consideran que la Policía Nacional, afectada por la corrupción y vínculos de agentes con esas organizaciones, deteriora su imagen, credibilidad y confianza, para el cumplimiento de su misión. Además, su acción es reactiva antes que preventiva y comunitaria.
La mala educación
Según los padres de familia, la falta de control y planes preventivos desde los centros educativos ha llevado a que niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los grupos más vulnerables, sean reclutados por bandas para el tráfico de sustancias y obligados a involucrarse en actos ilícitos, por la presión y amenazas de estos grupos.
Esto ha convertido a los alrededores e interiores de los planteles educativos en los nichos más recurrentes para la expansión de estas bandas. El estudio permite identificar este escenario como prioritario para la implementación de una estrategia interinstitucional y colaborativa que derive en la recuperación de las comunidades de paz.
Problemas de fondo
Billy Navarrete, Director Ejecutivo del CDH, señala que ese organismo ha venido monitoreando la política pública aplicada en las últimas cuatro décadas, “la que ha resultado fallida para poder garantizar el Derecho Humano a la seguridad ciudadana integral, que debe ser construido en conjunto con las comunidades”.
Señaló además que el Gobierno ha reincidido en “respuestas anacrónicas” como los Estados de Excepción, planes de seguridad de corte meramente policiales. “Además, ha promovido la intervención de los líderes a través de brigadas barriales antidelictivas; y, últimamente, queriendo convertirlos en delatores”, sostuvo.
Dijo que estas medidas no son idóneas para resolver problemas estructurales, que afectan especialmente a los niños, niñas y adolescentes, recalcó.
El estudio señala además que si bien el abandono estatal es histórico en las comunidades y caldo de cultivo para la inseguridad, la situación en Guayaquil se agudizó luego de la pandemia y permitió que organizaciones criminales y de economías ilícitas hoy administren por la fuerza la convivencia comunitaria.
Todas esas circunstancias agudizan la situación de crisis de Derechos Humanos en Guayaquil, que atraviesa una vulnerabilidad extrema, por múltiples escenarios de violencia vinculados. Este estudio constituye una fuente de información que ponemos a disposición de las entidades públicas para la construcción de una respuesta articulada para la recuperación de comunidades de paz.
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