18 de September de 2011 00:01

Las grietas en el exitoso modelo chileno

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Desde hace tres meses, Carla Valenzuela lidera la toma del Colegio Raimapu, ubicado en La Florida, un barrio heterogéneo en su composición social de la capital chilena. A sus 17 años está consciente de que el movimiento estudiantil no solo cuestiona el modelo educativo, sino al sistema político y económico de un país que ha sido destacado internacionalmente como exitoso.

“Estamos preocupados por la imagen que deja el país, reconocido como uno de los más estables institucionalmente de América Latina”, reconoció el vocero del gobierno, Andrés Chadwick, en un encuentro con la prensa extranjera. Pero Carla no piensa en la imagen: “Estas 12 semanas nos han llevado al convencimiento de que si tenemos que llegar a los 4 ó 5 meses de toma, lo haremos. Si tenemos que perder el año, vamos a perderlo, pero sabemos que vamos a ganar el futuro”.

La contradicción es cómo en un Chile que es visto como la economía más desarrollada de América Latina -con un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 246 321 millones y un PIB per cápita de USD 14 167 (según datos del Banco Central de Chile y el FMI)- los estudiantes tengan que endeudarse por tanto tiempo. El descontento por un sistema que agudiza las desigualdades es cada vez mayor. Con un país cuyo porcentaje de pobreza alcanza el 11,5% y un desempleo del 7,1%, las manifestaciones estudiantiles exigen una reforma estructural al sistema de educación.

Ese descontento ha crecido en estos cuatro meses, a tal punto que el 80% de los 15 millones de chilenos cuestiona el modelo educativo vigente y apoya las demandas estudiantiles, según encuestas.

Las 12 propuestas del movimiento secundario y universitario giran sobre tres temas básicos: el objetivo del lucro de gran parte de los establecimientos particulares, los altos costos de las pensiones y matrículas y la municipalización de las escuelas que extiende aún más la brecha que separa a ricos de pobres.

“Yo estudio en la Andrés Bello, que tiene como finalidad el lucro”, dice Xaviera. “Es una buena universidad privada, pero obtiene grandes ganancias”.

El lucro en el sistema educativo está amparado por la ley para el sistema primario y secundario, pero no para las universidades. Pronto encontraron la trampa: a las universidades privadas se asocian las inmobiliarias. Los accionistas de la institución lo son de las inmobiliarias que alquilan sus edificios a las universidades.

El resultado está a la vista: según el Servicio de Información de la Educación del Ministerio de Educación, las ganancias en el 2010 fueron de USD 5 000 millones, cercanos a las ventas del complejo empresarial chileno Falabella en América Latina el 2009 (6 410 millones). Otro ejemplo: la Inacap (Universidad Tecnológica de Chile) obtuvo más de USD 37 millones el año pasado.

El poder político forma parte de estas redes. El ministro de Educación, Joaquín Lavín, acorralado en el programa de televisión Tolerancia Cero, debió reconocer algo que negó siempre: había obtenido cuantiosas ganancias con su Universidad del Desarrollo. Debió renunciar a su cargo. Cristian Larroulet, secretario general de la Presidencia, tiene acciones en El Otoñal, propietaria de cuatro colegios, 12 jardines de infantes y dueño del campus de la U. Católica de Valparaíso.

El padre de Xaviera puede solventar los USD 581 mensuales que cuesta la carrera de Ingeniería Comercial, pero su caso no es el de la mayoría. Según Patricio Navia, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, “el problema no lo tienen los más ricos ni los más pobres, sino la clase media, para quienes la universidad es un elemento de movilidad social, pero para acceder a ella debe endeudarse”.

“¡El maldito CAE!”, dice indignada Magdalena Paredes, estudiante de Veterinaria en la U. de Chile, ‘estatal por excelencia’. La pensión es de USD 750 mensuales y debe recurrir al CAE (Crédito con Aval del Estado), como la mayoría de los alumnos que desean seguir los estudios superiores, aunque por ello deberá pagar una deuda durante 20 años al terminar la carrera.

“Mi padre forma parte del segundo sector con ingresos más altos de Chile. Gana USD 1 616 al mes. Con mi hermano y yo debe pagar 1 400. ¿Cómo vamos a vivir con USD 216 al mes, si solo el pasaje te cuesta 1,30 por viaje?”.

Este sistema comenzó a regir en 1990 con la Ley Orgánica Constitucional del Estado (LOCE), que firmó el dictador Augusto Pinochet un día antes de dejar la Presidencia. Desde entonces, los municipios se hicieron cargo de las escuelas públicas y las diferencias son evidentes entre clases sociales y barrios en los que viven.

En poblaciones como Pudahuel o La Granja difícilmente se encontrará educación de calidad. De los 345 municipios que hay en Chile, solo 32 tienen colegios con equipos técnicos básicos para la enseñanza, pero las diferencias pueden ser notorias en una misma comuna. Cerca de la Estación Central queda el Instituto Nacional, uno de los colegios emblemáticos, fundado en 1813, en donde se han educado presidentes de la República como Eduardo Frei. Su nivel de exigencia es altísimo y solo ingresan 700 de entre miles de aspirantes, cada año.

A varias cuadras está la Escuela Alemania. Solo tiene 350 alumnos, de los cuales el 50% es extranjero, la mayoría peruanos, todos de sectores vulnerables. Es como cualquier escuela fiscal pobre de Ecuador: todo luce viejo, con poco patio y la calidad es proporcional a la vocación del profesor.

Leopoldo Cerda, su director, dice que si no estuviera en esta comuna, una de las más ricas del país, la situación sería peor. Sin embargo, reconoce que la municipalización “responde a una constitución que dice que es mejor que el Estado no exista. Los municipios se hacen cargo de las escuelas que eran controladas por el Estado en lo administrativo y pedagógico. Y en un mundo de mercado, no se entrega el dinero por presupuesto, sino por las matrículas y la asistencia promedio. Y la subvención es una miseria”.

Difícilmente un alumno de la Escuela Alemania irá al Instituto Nacional, aunque ambas sean municipales.

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