El Gobierno marca la cancha del diálogo; los empresarios lo critican
Henry Kronfle, Francisco Alarcón y Richard Martínez pidieron un diálogo sin condicionamientos. Foto: Mario Faustos / El Comercio
Las movilizaciones continúan en el país, cuatro días después de que el presidente Rafael Correa anunciara el “diálogo nacional” para tratar los dos proyectos de ley que retiró temporalmente de la Asamblea.
Hasta ayer (jueves 18 de junio), poco se sabía de cuál sería el procedimiento, los contenidos y los interlocutores que lo llevarían adelante. Para el Gobierno, las protestas se dieron porque no se entendieron las propuestas del Mandatario.
El oficialismo, sobre todo en la Asamblea, reconoce que uno de los problemas de fondo fue la ausencia de una comunicación adecuada sobre las leyes de plusvalía y herencias. Por eso, ayer la convocatoria de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) a una conferencia de prensa denominada ‘Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social’, despertaba interés.
Se esperaba conocer cómo y con quiénes dialogarían, los temas a discutir y por cuánto tiempo duraría. Además, cuáles serían las estrategias comunicativas para concretarlo.
Las dudas se despejaron parcialmente. Según la convocatoria de la Secom, los funcionarios que iban a pronunciarse eran el secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, y el secretario Nacional de Planificación, Pabel Muñoz. Pero al final de la jornada, solo este llegó y definió que será como “una cruzada” para llegar “a la ciudadanía” sin intermediarios: “una suerte de diálogos con el Presidente, donde no tengamos periodistas de por medio”.
Los frentes económico, productivo, social y de seguridad serán los que lleven a cabo esta tarea. También lo hará el Presidente. Y para ello, los consejos Ciudadanos Sectoriales se activarán. Utilizarán todas las herramientas para este objetivo: redes sociales, reuniones gremiales y ciudadanas. “Irá desde el encuentro cara a cara hasta una suerte de democracia virtual”, dijo Muñoz.
“Habría que preguntarles qué quieren decir con intermediarios, pero para los indígenas sería una ingenuidad y hasta una traición dialogar”, sostiene Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari.
El diálogo que plantea el Gobierno convoca a todos los sectores sociales, productivos y académicos. Pero con los políticos opositores es un punto aparte. Muñoz aclaró que con aquellos sectores violentos y desestabilizadores no existirá la posibilidad de un encuentro y mucho menos de diálogo. Señaló que será una buena oportunidad para que la ciudadanía juzgue a quienes buscaban confrontar y quienes en realidad desean debatir sobre la justicia social en el país.
Al asambleísta opositor Luis Fernando Torres le asombra esta definición y siente que se confirma el maniqueísmo imperante en estos ocho años de Revolución Ciudadana. “Usar en política al argumento de que los buenos están a favor de la redistribución y los malos defienden la propiedad privada será para el Gobierno un búmeran”.
Pero estos acercamientos no se reducirán únicamente sobre herencias y plusvalía, sino sobre el modelo del “país que se quiere”. Y Muñoz adhirió a lo que ya venía sosteniendo el presidente de la Comisión legislativa de Régimen Tributario, Virgilio Hernández: o se quiere un país en el que se acumula capital en manos de pocos o un país que distribuye riqueza para una mayor justicia social.
El Presidente espera las primeras evaluaciones de estos encuentros para el 15 de septiembre. Ello no significa, según Muñoz, que allí terminarán. Serán el parámetro para decidir si deben prolongarse más en el tiempo.
“La única opción es el diálogo”, dijo el jueves el canciller Ricardo Patiño a Ecuavisa. Y reconoció que el Gobierno entendió que “la sociedad ecuatoriana nos pide un mayor nivel de diálogo sobre el tema”.
Eso es precisamente de lo que duda Pérez Guartambel. Y recuerda que, como representante de la organización indígena y campesina, ha estado siete veces con el Presidente, cuatro cuando aún era candidato. “Siempre dijo que no le temblaría la mano si tienen que sacar a las mineras de las fuentes de agua, pero ha sido todo lo contrario”.
Sobre el pedido de otros sectores para que se incluyan temas como la independencia de funciones o el respeto a las libertades, Muñoz dijo que “hablar de todo es hablar de nada” y por eso “hemos escogido el paraguas de la justicia social, por lo cual el diálogo estará enmarcado”.
Empresarios se radicalizan
Reunidos en Guayaquil, los principales de las cámaras de Comercio e Industrias, y de la Federación de Exportadores reiteraron el pedido de retiro definitivo de ambos proyectos. Y fueron más allá.
Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, exteriorizó el disgusto de lo que consideró un discurso agresivo del Gobierno. “La efervescencia (de las protestas) aún continúa, por lo que llamamos nuevamente al presidente Correa para que procure una unión nacional, bajando tensiones, sin lanzar epítetos contra la sociedad”.
Para Kronfle, no tiene sentido que los asambleístas llamen a un diálogo de los proyectos que ya fueron retirados. “(Ellos) tienen como obligación tratar, negar o archivar un proyecto que tengan en la Asamblea, y no salir a convencer a la población sobre algo que ya no tienen”.
Richard Martínez, de la Federación Nacional de Industrias, se sumó al rechazo porque “no existen señales claras para el sector empresarial. Cuando se ha hablado del archivo definitivo de los proyectos de ley, inmediatamente se ataca a las empresas”.
Francisco Alarcón, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, cuestionó que la Comisión de lo Económico de la Asamblea se haya inhibido de tratar la ley. “Esa figura atenta contra lo que hemos sostenido siempre: la inversión, el empleo y el desarrollo para reducir la inequidad, esto se consiguen con reglas claras”. Llamó al diálogo, pero sin el tratamiento de leyes sobre las que consideró ya no amerita discutir, sino sobre un diálogo constructivo.
