9 de octubre de 2019 00:00

La Fiscalía procesó a 142 de 676 detenidos por paralización

En la Unidad de Flagrancia, en el centro de Quito, los policías custodian el ingreso. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En la Unidad de Flagrancia, en el centro de Quito, los policías custodian el ingreso. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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Saqueos, intentos de tomarse entidades públicas, quema de patrulleros, asaltos a locales, destrucción de propiedad privada y de bienes patrimoniales; incendios, agresiones a personas y retenciones ilegales. La violencia en el país ha dejado 676 personas detenidas en seis días de protestas.

Un reporte del Ministerio de Gobierno señala que solamente en Quito y Guayaquil fueron arrestadas 300 personas. En ambas ciudades se concentra la protesta social contra las medidas económicas impuestas por el Presidente.

Los hechos de violencia quedaron grabados en video y fueron difundidos en las redes sociales. En Guayas, por ejemplo, en las imágenes se ve cómo una persona, quien sostiene un combo, intenta romper la pared de un local comercial ubicado en la av. Perimetral. Otros videos muestran a personas que rompen ventanas y puertas de almacenes de electrodomésticos.

En Riobamba también hubo violencia. Ayer, martes 8 de octubre del 2019, un numeroso grupo de manifestantes rompieron los cercos de seguridad e ingresaron a la Gobernación de Chimborazo. Desde el balcón, los manifestantes exigieron la renuncia de la gobernadora Luisa Loza, y la derogatoria del estado de excepción.

La Fiscalía informó que en todo el país han sido procesadas 142 personas. Los demás arrestados fueron excarcelados después de que los fiscales no presentaran cargos, o los jueces no avalaran el procedimiento policial de detención.

Los procesados fueron imputados por delitos como paralización del servicio público, daño al bien ajeno, ataque o resistencia, robo, porte de armas, asociación ilícita y violación a la propiedad privada.

Para el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, la liberación de los huelguistas se dio porque “sus detenciones fueron ilegales”. Según el funcionario, los arrestos no fueron avalados por los jueces pues no había evidencias de los delitos, como paralización de servicios públicos o ataque y resistencia.

Entre quienes recuperaron la libertad se encuentran dos grupos de jóvenes que se manifestaron el pasado jueves y viernes en el Centro Histórico.

El primer grupo, de 29 manifestantes, no fue imputado por la Fiscalía. En el segundo caso, de 53 detenidos, el juez ordenó una investigación y dictó la liberación de los procesados.

Ese día, el Centro Histórico sufrió la destrucción de paredes de casas patrimoniales, semáforos y veredas. Sobre esto, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo ayer que estos hechos no quedarán impunes. “Todo está grabado y seremos implacables. No se puede atentar contra los bienes públicos ni privados. Buscaremos todos los argumentos legales”, dijo.

Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, presentó una denuncia por la destrucción del patrimonio cultural.

La Fiscalía informó que 22 personas fueron detenidas solo ayer y que en las próximas horas se les formulará cargos.

La seguridad de la Contraloría también fue vulnerada el lunes. Los manifestantes ingresaron a sus instalaciones, pero hasta el momento no hay detenidos. Ayer, peritos de Criminalística recuperaron evidencias.

El lunes, por la noche, otro grupo de unos 150 manifestantes ingresaron a un pozo de Petroamazonas ubicado en la ciudad de Nueva Loja, en Sucumbíos. Entre los protestantes se encontraban el asambleísta de la Revolución Ciudadana Yoffre Poma, el prefecto de Sucumbíos Amado Chávez y siete personas más.

Ellos fueron detenidos y llevados a Quito para su audiencia ante la Corte Nacional, ya que el asambleísta tiene un fuero especial. A las 16:30 de ayer se instaló la audiencia contra el legislador.

La fiscal general, Diana Salazar, presentó cargos contra Poma y los demás funcionarios por el delito de paralización de servicios públicos.

Pese a que hay más de medio centenar de detenidos, la mayoría recuperó su libertad.

En el Decreto 888, emitido ayer, el Presidente menciona que la Función Judicial “mantendrá respectiva coordinación interinstitucional mediante la vigencia del estado de excepción para superar las causas que motivaron el mismo”.

Ayer, la Fiscalía y las Unidades Judiciales suspendieron sus actividades, a excepción de las Unidades de Flagrancia, en donde trabajan jueces penales, de contravenciones y de violencia contra la mujer; fiscales y defensores públicos.

Por la tarde, un grupo de manifestantes del movimiento indígena rompió el cerco de seguridad de la Asamblea Nacional e ingresó a la Plaza de las Banderas.

En medio de esto, un operativo que desarrollaron la Policía y la Fiscalía fue en contra la Radio Pichincha Universal.

La Fiscalía General informó que se trata de una investigación por supuesta incitación a la discordia entre ciudadanos, uno delito contra la seguridad del Estado ecuatoriano.

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