21 de julio de 2018 00:00

El 31 de julio del 2018 se sabrá si Fiscal acusa a Rafael Correa en caso Balda

En la gráfica se observa una de las audiencias que se realizó durante la instrucción fiscal del caso Balda. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En la gráfica se observa una de las audiencias que se realizó durante la instrucción fiscal del caso Balda. Foto: Archivo / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 14
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 2
Contento 69
Redacción El Comercio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La apertura de dos nuevas investigaciones por el caso Balda generó reacciones en las defensas de los seis procesados.

Los abogados esperan que la Fiscalía entregue las primeras pistas de los nuevos delitos en la audiencia preparatoria de juicio, que fue convocada este 20 de julio del 2018, por la jueza Daniella Camacho.

La magistrada dispuso que la diligencia se realice el próximo 31 de julio del 2018, a las 10:00, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.

En la diligencia, el fiscal General, Paúl Pérez, deberá indicar si acusa o no a los seis indagados por el plagio del exlegislador. En esa lista están el expresidente Rafael Correa, el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, el excomandante de la Policía Fausto Tamayo, y los tres agentes de la Senain: Raúl Chicaiza, Jorge Espinoza y Diana Falcón.

Además, se prevé que la Fiscalía exponga los motivos por los cuales ahora se sospecha que se cometieron los delitos de peculado y fraude procesal.

El Código Integral Penal, en su artículo 278, establece que hay peculado cuando los servidores públicos “abusan, se apropian o disponen de bienes, muebles o dineros” del Estado aprovechando su cargo.

De allí que Jairo Lalaleo, abogado de Fernando Balda, asegura que se investigará quiénes autorizaron el desvío de fondos públicos para pagar a los agentes de la Senain que participaron en el plagio del exasambleísta, en el 2012.

Según el jurista, se debe determinar qué autoridades aprobaron el dinero para costear los pasajes, estadía, renta de autos y equipos de comunicación que se usaron para ejecutar el ilícito, en Colombia.

La Fiscalía, durante la investigación por el secuestro, corroboró esta información y dijo que en el ilícito se usaron fondos y funcionarios públicos. De hecho, por eso el caso Balda ha sido catalogado por el Fiscal General como un crimen de Estado.

En torno al fraude procesal, la defensa de Balda indica que se investigará la suspensión del proceso en la administración del exfiscal Galo Chiriboga. Aunque la Fiscalía tampoco se ha pronunciado en este tema, el fiscal Paúl Pérez habló el miércoles pasado sobre la represión de causas en las “anteriores administraciones”. Durante una entrevista radial, el funcionario dijo que ha detectado que en “muchos casos lo único que se hizo fue un informe y después no se movió o se hizo ninguna otra diligencia”.

En el expediente por secuestro también se menciona que en el caso Balda hubo trámites represados. Uno de esos fue la entrega de una asistencia penal internacional que solicitó Colombia en el 2015. El despacho de ese trámite duró un año y siete meses. De allí que se pidió la versión del exfiscal Chiriboga, quien señaló que el expediente estaba a cargo de la Fiscalía de Pichincha y por ende no tenía competencia.

Diego Chimbo, abogado de dos agentes de la Senain, afirma que sus defendidos no cometieron los ilícitos porque no tenían las facultades ni atribuciones para disponer de fondos o para detener procesos.

En cambio, Stalin Oviedo, abogado del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, dice que para que exista peculado, necesariamente debe haber un informe de responsabilidad penal de la Contraloría.

El jurista también anunció ayer que presentará un escrito en la Corte Nacional pidiendo que se otorgue más tiempo para la audiencia preparatoria de juicio, pues considera que 10 días es un plazo corto para revisar y estudiar los más de 70 cuerpos que tiene el proceso.

La defensa de Balda ya revisó el expediente y ha indicado que en los nuevos delitos se podría vincular a más personas. Entre ellos estarían algunos testigos del primer proceso. En ese expediente se presentaron 140 testigos. De ellos, 130 son funcionarios y exfuncionarios públicos.

Para Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Correa, las nuevas investigaciones no involucran al exmandatario. Su argumento lo sustenta en que el exjefe de Estado no conocía del secuestro.

Por eso, cuestiona que la Fiscalía lo haya vinculado al proceso judicial. En este momento analizan recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir medidas cautelares.

El exmandatario confirmó esta información ayer a través de su cuenta de Twitter. Allí publicó un extracto del documento que presentará en el organismo internacional. En una parte del escrito señala que existe una “extrema gravedad, urgencia y peligro de sufrir daños irreparables a sus derechos, a las garantías judiciales, a la libertad personal y a la libertad de circulación”.

Esta sería la primera ocasión que Correa recurra a la CIDH. Durante su gobierno cuestionó al organismo y dijo que no tenía atribuciones para emitir medidas cautelares. En su administración, el Estado dejó de asistir a las audiencias.

En contexto
El jueves, el fiscal General, Paúl Pérez, solicitó a la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, que fije hora y fecha para la audiencia preparatoria de juicio. La solicitud se planteó un día después de cerrar la instrucción fiscal, que duró 120 días.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (41)
No (5)