Es hora de ponerle punto final a una parte obscura de la historia bancaria de nuestro país.
Según el famoso informe de Deloitte&Touche, a noviembre del 1998 Filanbanco arrojó pérdidas por USD 661,5 millones, y según varios medios de comunicación colectiva desde 1998 hasta 2001, el Estado le prestó a Filanbanco más de USD 800 millones.
Basada en el informe de Deloitte&Touche, la AGD se incautó de los bienes de los ex accionistas y ex administradores de Filanbanco (más de 500 empresas), fundamentada en el Art. 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario- Financiera. En mi opinión, es la AGD y no los dueños de los bienes incautados por presunción, la que debe probar la real propiedad de estos, ya que cada parte está obligada a probar los hechos que alega.
Como el nuevo defensor de los Isaías, Ab. Xavier Castro, declaró a EL COMERCIO que “los Isaías no quieren discutir sino pagar” y a otro medio que el que va a decidir cómo van a pagar, cuánto van a pagar y en qué tiempo, es el Gobierno, sería tonto o necio que a estas alturas, el Gobierno no cobre lo que le corresponde.
Como dudo que los hermanos Isaías tengan más de USD 600 millones en efectivo, para pagar la deuda, si es que se acepta como válido el informe de Deloitte&Touche, caso contrario, probablemente ese monto se reduciría a USD 400 millones, como ha estimado el presidente Correa, o a menos, como sostienen otros, sería muy conveniente que el Gobierno y los Isaías se pongan de acuerdo y vendan las empresas incautadas, a su justo precio, evitando así litigios, como los que ya se han iniciado, en cuyo caso muchos interesados en comprar esas empresas se abstendrán de hacerlo, ya que a nadie le interesa comprar un problema.
No sé qué espera el Gobierno para lograr un acuerdo con los Isaías, cuando su abogado claramente ha manifestado, según la prensa: “No estamos en condiciones de reconocer ni discutir el hueco patrimonial, si el Gobierno dice que eso se debe pagar, eso es lo que vamos a pagar”. A confesión de parte relevo de prueba.
Durante el año en que las empresas han estado administradas o coadministradas por el Estado, algunas deben haber arrojado pérdidas, como EICA y Seguros Rocafuerte, y otras deben haber reportado utilidades, pero en uno u otro caso, el Gobierno se anotaría un ‘poroto’ si cierra el capítulo Filanbanco lo antes posible. Esperamos que los miembros de la Casei y la flamante Gerenta General de la AGD contribuyan a ello.
No puedo terminar este artículo sin solidarizarme públicamente con doña Guadalupe Mantilla de Acquaviva, por la insinuación maliciosa hecha por el Presidente durante su cadena sabatina.