Balda pide formularios para recoger firmas para referendo por Asamblea Constituyente y matrimonio igualitario

El activista político Fernando Balda presentó una solicitud de entrega de formularios para la recolección de firmas para llamar a una Asamblea Constituyente, este lunes 17 de junio del 2019. Foto: EL COMERCIO

El activista político Fernando Balda presentó una solicitud de entrega de formularios para la recolección de firmas para llamar a una Asamblea Constituyente, este lunes 17 de junio del 2019. Foto: EL COMERCIO

El activista político Fernando Balda presentó este lunes 17 de junio del 2019 una solicitud de formularios para la recolección de firmas para llamar a una Asamblea Constituyente. Foto: EL COMERCIO

El activista Fernando Balda presentó una solicitud de formularios al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de firmas con miras a un referendo en el que busca abordar el matrimonio igualitario y convocar a una Asamblea Constituyente.

“Acabamos de solicitar al CNE los formularios de consulta popular para recoger firmas para impedir el matrimonio igualitario”, dijo Balda a Efe la mañana de este lunes 17 de junio del 2019, en Quito.

El miércoles 12 de junio del 2019, Ecuador entró en el mapa de países que han aprobado el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, al igual que España, Francia, Inglaterra, AlemaniaEE.UU., México, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Colombia... Ese miércoles, la Corte Constitucional de Ecuador sentenció que “por la atención más favorable de los derechos, el derecho al matrimonio reconocido a parejas heterosexuales se complementa con el derecho de parejas del mismo sexo a contraer matrimonio”.

Balda, activista que denunció a Rafael Correa por su secuestro en Colombia, cuestionó “la pretensión de que sea legal niños trans en el Ecuador”, en alusión a que parejas homosexuales puedan adoptar.

Sin embargo, en la sentencia de la Corte Constitucional no hay ninguna mención a la adopción de niños para parejas del mismo sexo.

Balda dijo este 17 de junio que con una consulta busca “respetar la decisión de quienes no estamos de acuerdo”. Y también convocar a una “Asamblea Constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)”, recién posesionado el jueves 13 de junio.

Balda junto a los abogados Marlon Jácome y Jairo Lalaleo hicieron el pedido, ya que, según su criterio legal, la única opción para cambiar la estructura del Estado requiere de una nueva Constituyente.

Para la convocatoria a una Asamblea Constituyente se requiere del 12% de firmas del padrón electoral. Según José Cabrera, vocal del CNE, el número de personas habilitadas para votar en el país es de 13 261 994. Es decir, para llamar a una Constituyente, se requiere de al menos, 1 591 439 firmas.


Un referendo deberá pasar por la Corte Constitucional


La Constitución traza el camino que una consulta de ese tipo debe seguir. En el artículo 104 de la Carta Magna reza: “La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral”.

No obstante, la Constitución precisa: “En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.

Cabrera recordó que la Corte Constitucional resolvió en abril pasado que los pedidos para consulta popular o el caso de un llamado a Asamblea Constituyente requiere primero de la calificación de esa entidad.

Es decir, Balda tenía que acudir, en primera instancia, a la Corte Constitucional para que pueda ser viable la entrega de los formularios para la recolección de firmas.

Más allá de la iniciativa de Balda relacionada con el matrimonio igualitario, grupos conservadores han convocado a manifestaciones el próximo 29 de junio a fin de expresar su rechazo a la decisión de la Corte.

Colectivos de defensa de los derechos humanos también han convocado en la misma jornada una movilización nacional en varias ciudades a favor de la equidad de derechos.

En su sentencia del 12 de junio, la Corte Constitucional señaló que “no existe contradicción entre el texto constitucional con el convencional, sino más bien complementariedad” y consideró vinculante para Ecuador la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 24 de noviembre del 2017 y divulgada el 9 de enero del 2018.

Esa Opinión de la Corte IDH precisa que “para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas... Extender las instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo -incluyendo el matrimonio-, de conformidad con el principio pro persona... sería el medio más sencillo y eficaz para asegurar los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo”.

La sentencia de la Corte Constitucional entrará en vigencia con su publicación en el Registro Oficial de Ecuador.

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