19 de mayo de 2020 00:00

Fase de investigación contra Alexandra Ocles durará 90 días

Alexandra Ocles, extitular de Gestión de Riesgos, acudió el lunes 18 de mayo del 2020 a la Corte Nacional. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

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Los exteriores de la Corte Nacional fueron bloqueados con vallas metálicas. Pasadas las 09:00 del lunes 18 de mayo del 2020, la exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, ingresó al edificio para asistir a su audiencia de formulación de cargos.

Personal médico le entregó gel antibacterial y midió su temperatura. Lo mismo hicieron con la jueza Daniella Camacho, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, y con los abogados de los otros cuatro procesados por un presunto tráfico de influencias.

Los funcionarios y abogados se acomodaron en el salón de audiencias, en el mezzanine. Cada uno, a un metro de distancia. Tras constatar que todos tuvieran su mascarilla comenzó la audiencia.

El fiscal Toainga fue el primer en hablar. Explicó que la investigación comenzó por un presunto sobreprecio en la compra de 7 000 kits de alimentos por parte del Servicio de Gestión de Riesgos.

Entre las evidencias que detalló ante la magistrada consta la auditoría de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, en la que se detallan aparentes irregularidades en la adquisición de los kits alimenticios. Otros indicios son los documentos firmados por los demás sospechosos como la carta de invitación al proveedor o el informe de disponibilidad de recursos. En total, la Fiscalía presentó en la audiencia 41 elementos de convicción.

Luego de su exposición, Toainga pidió a la jueza que ordenara la prisión preventiva de Ocles y de tres funcionarios. Para una persona más solicitó medidas cautelares.

El pedido fue rechazado por la jueza Camacho, que ordenó medidas alternativas a la prisión para los cinco procesados. Estas son la prohibición de salida del país y la presentación en la Corte una vez por semana. Además, dispuso la retención de fondos de sus cuentas bancarias por un monto de USD 5 000 y la prohibición de vender sus bienes por USD 475 638.

Camacho abrió la fase de instrucción fiscal o investigación pública por 90 días.

Ocles dijo que colaborará con la justicia durante el tiempo que dure el proceso penal. En la audiencia y ante la jueza señaló que es la principal interesada en aclarar cómo se dio la compra de los kits. “Nunca he utilizado mi cargo para beneficiar a nadie”, apuntó.

Según la investigación de la Fiscalía, el 1 de abril pasado, Ocles suscribió el contrato de emergencia con un proveedor para adquirir los kits con un precio 40,2% más elevado que las ofertas en el mercado. La adjudicación fue por USD 1,1 millones, pero el costo debió ser de USD 706 790.

Toainga dijo que en este caso “se inobservó la normativa legal, pues para el acuerdo no se consideró el mejor precio para el Estado”. Tampoco se contó con estudios de mercado y no se verificó la capacidad legal del proveedor, quien “cambió su actividad económica el mismo día en que presentó la oferta”, agregó.

El fiscal dijo que uno de los procesados es Subsecretario en el Servicio de Gestión de Riesgos y que, en la fase precontractual, se encargó de contactar a dos proveedores y solicitarles cotizaciones. También fue la persona que recomendó a Ocles con quién se debía firmar el contrato.

Los otros funcionarios, por su parte, se encargaron de elaborar y aprobar los informes de necesidad y técnico. Los abogados de cada uno negaron que tras estas acciones haya existido un delito.

En la cita judicial, los defensores presentaron documentos para certificar arraigos familiares, laborales o de salud y así asegurar que sus clientes comparecerán al proceso.

Por ejemplo, Guido Prado, abogado Ocles, indicó que su defendida es madre soltera y cuida a un familiar enfermo. También añadió: “Fiscalía no es objetiva, pues formuló cargos sin que mi clienta pudiera rendir su versión”.

A la salida de la Corte, Ocles volvió a mencionar que el Estado no fue perjudicado con el contrato, pues no se llegó a desembolsar ningún pago y los kits no fueron entregados.

Ella renunció a su cargo el 11 de abril. Los otros cuatro funcionarios investigados siguen aún en sus puestos.

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