26 de octubre de 2020 00:00

Faltan peritos para indagar la corrupción

El 14 de mayo, agentes allanaron en el Municipio de Antonio Ante,  en Imbabura. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El 14 de mayo, agentes allanaron en el Municipio de Antonio Ante, en Imbabura. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Ana Belén Rosero
Redactora (I)

Los 157 procesos penales abiertos por la corrupción desatada durante la crisis sanitaria dejaron ver que en el país faltan más peritos para indagar estos hechos. “Eso ha dificultado los peritajes contables y de contratación pública que se desarrollan en provincias”.

Esta alerta la lanzó la fiscal general Diana Salazar.

En su base de datos, el Consejo de la Judicatura (CJ) tiene registrados 39 peritos en contratación pública. Pero en 12 provincias no hay este personal.

En esta lista aparecen Imbabura, Bolívar, Carchi, Morona, Zamora, Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Cotopaxi, Galápagos y Esmeraldas.

A excepción de estas dos últimas, en todas hay procesos penales abiertos por presuntas ilegalidades que se habrían cometido en la pandemia.

En Cotopaxi, por ejemplo, cinco causas están en marcha.

Desde el 9 de junio se rastrea la compra de prendas de bioseguridad en el Municipio de Salcedo. Según la indagación, se compraron mascarillas a USD 4,50 cuando en el mercado se ofertan a menor precio.

La Fiscalía también abrió otra indagación el 19 de mayo por un supuesto sobreprecio en la compra de fundas para cadáveres. Agentes allanaron las oficinas del Hospital General del IESS de Ibarra para recabar evidencias, como el contrato de adquisición.

El fiscal del caso pidió a un perito de Quito que analice el documento, pues en Imbabura no hay un profesional en esa área.

Cuando se requieren profesionales en zonas en donde no los hay, los fiscales piden ayuda a otras provincias.

Agentes dicen que los expertos deben trasladarse al lugar donde son requeridos. Advierten que “eso genera retrasos en las diligencias judiciales”.

Eso ocurrió con un proceso investigativo que se inició el 8 de mayo en un hospital público de Guaranda, en Bolívar.

Una fiscal necesitaba saber si un contrato, que se firmó para adquirir 100 bolsas para cadáveres tenía irregularidades.

Solicitó que un especialista de Chimborazo realizara el análisis, pero el experto no pudo viajar inmediatamente, sino que lo hizo 15 días después.

La vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, asegura que el déficit se debe a que no existen suficientes expertos en contratación pública que hayan decido acreditarse a la Función Judicial voluntariamente. “En la página web de la Judicatura están habilitados de forma permanente los formularios para que los profesionales se certifiquen”.

Los interesados deben llenar uno de ellos con sus datos personales, adjuntar certificados de su experiencia laboral y profesional. También deben incluir una declaración patrimonial notarizada y pagar USD 50.

Actualmente, el CJ realiza un estudio para determinar en qué áreas se debe incrementar el número de peritos.

Este informe estará listo el próximo año. La idea es verificar que exista el número óptimo de expertos por cada especialidad y también conseguir que todas las provincias cuenten con estos profesionales.

El pasado 14 de mayo, una fiscal de Imbabura tuvo que solicitar un peritaje a Quito para verificar si un contrato que firmó el Municipio de Antonio Ante cumplió o no con los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Pública.

Según las investigaciones, se habrían adquirido 20 canecas de desinfectante en USD 425. Hoy se verifica si en el pago hubo o no irregularidades.

De hecho, los peritajes en contabilidad y con contratación pública permiten determinar si en los contratos públicos, que son indagados en este momento, hubo sobreprecios, perjuicios para el Estado, irregularidades o si se incumplió o no con la norma legal.

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