Redacción Quito
La Sala de conjueces de la Primera Sala de lo Penal de Pichincha resolvió que la construcción del nuevo aeropuerto en Tababela sí causó daños contra las plantaciones cercanas a la terminal aérea. La resolución también dispuso a la concesionaria Quiport que evite los impactos ambientales.
Esto está señalado en el juicio de Acción de Protección Constitucional seguido por Alberto Figueroa, en contra de la concesionaria Quiport y la compañía Aecon Constructores. Esto debido a las afectaciones ambientales que generó el polvo de la construcción en sus predios. Figueroa es dueño de una plantación de frambuesas Santiago Javier S. A., ubicada a menos de 1 000 metros del nuevo aeropuerto de Tababela.
La licencia ambiental
La falta de una licencia ambiental otorgada por el Estado ecuatoriano fue reconocida por la actual administración municipal como un problema.
El alcalde Augusto Barrera, solicitó al Ministerio del Ambiente que agilite este proceso que forma parte de la renegociación del contrato.En la Acción, Figueroa pidió que se paralicen las obras de la nueva terminal aérea, así como una indemnización por daños y perjuicios.
El 24 de noviembre de 2009, los conjueces, Rigoberto Ibarra, Octavio Guadalupe Peñafiel y Álvaro Román, señalaron que al existir presencia de polvo en las plantaciones que se cultivan en los predios de propiedad del accionante (Figueroa), “está claro que se han producido graves perjuicios contra el mismo, dentro de su labor productiva, que se ha visto inconstitucionalmente limitada y disminuida”.
En la página 33 de la resolución se hace referencia al informe de Contraloría, donde se menciona que no se han cumplido con las exigencias orientadas a la prevención y control de contaminación del aire ni tampoco aquellas dirigidas a la mitigación y remediación de los impactos ambientales.
Dentro del proceso también se mencionó la falta de la licencia ambiental otorgada por el Estado a la construcción en Tababela. Sin embargo, Quiport afirmó que sí cuenta con un licenciamiento otorgado por el Municipio de Quito para la construcción de la terminal aérea.
En la misma resolución se señalan los límites de esta Acción de Protección. Por ejemplo, en la página 36 se menciona que “este Tribunal considera que pese a encontrarse violación de derechos constitucionales, resulta imposible suspender la ejecución de los trabajos que se realizan los demandados (Quiport y Aecom) (…). No se puede interrumpir una obra de interés colectivo por la protección de derechos particulares”.
La resolución declaró improcedente la petición de compensaciones económicas y la paralización de la obra. Según la Sala de conjueces, ese Tribunal es incompetente para resolver esos pedidos.
Para Figueroa esta resolución emitida el 24 de noviembre de 2009, es confusa, oscura y contradictoria. Pero el presidente de Quiport, Philippe Baril, dio por finalizado el litigio en contra de Figueroa y afirmaron que fue una causa ganada.