Son 560 exempleados ecuatorianos que esperan el pago de las utilidades que les adeudaría la empresa petrolera de origen francés, Perenco. Ante la falta de respuestas por parte de las instituciones públicas competentes, piden al presidente Guillermo Lasso que intervenga y ordene la cancelación.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el 22 de diciembre del 2022 que resolvió con Perenco un plan para cumplir con el pago establecido en el laudo arbitral, por USD 351,69 millones más intereses. El cronograma de cancelación se extenderá hasta finales de este 2023.
“Al haber llegado a acuerdos de pago el Estado y Perenco, ahora que van a liquidar cuentas y ponerse al día, lo que los exempleados reclamamos es que también se paguen las utilidades desde el 2000 al 2009, que la petrolera francesa nos adeuda”, solicitó María Eugenia Mosquera, vocera de los extrabajadores de Perenco.
La representante señaló que el monto global que Perenco adeuda a los exempleados, entre directos e indirectos, por esos años es de USD 25 millones más intereses.
Entre los 560 extrabajadores se encuentran personas con discapacidades, adultos mayores, ciudadanos que no han podido encontrar otro empleo e incluso algunos que ya han fallecido, pero sus familiares esperan recibir el pago, comentó la vocera.
“Si ya existe el acuerdo con Perenco, una de las primeras obligaciones del Estado es garantizar los derechos de los exempleados que generamos ganancias para el mismo Estado. Pero parecería que las cosas se hicieron bajo la mesa”, sostuvo Mosquera.
Por eso, el objetivo es que el Primer Mandatario les conceda una audiencia para dialogar sobre el caso y disponga al Ministerio de Trabajo que emita la orden de pago a los extrabajadores. “Queremos ayuda, para que el Presidente dé la orden de que se reabra nuestro caso. No es el Estado el que nos tiene que pagar sino Perenco, pero ayúdennos a que nos paguen”, exhortó.
Gestiones de los exempleados
Mosquera tiene la representación de vocera desde el 2015 y desde ese año ha encabezado las gestiones, junto al equipo jurídico de los extrabajadores, para interponer escritos y solicitar acciones a instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas (SRI), al Ministerio de Trabajo y a la Defensoría del Pueblo.
Años atrás el Ministerio del Trabajo mostró apoyo y convocó a una mesa de conciliación con representantes de los exempleados y de Perenco. Los exempleados esperan que el Ministerio reactive el caso y ordene el pago.
Los extrabajadores ingresaron múltiples insistencias ante la Dirección Regional del Trabajo, la última con fecha del 28 de septiembre del 2022, para que continúe con las gestiones pendientes. La Defensoría del Pueblo notificó el 6 de octubre con el plazo de 15 días para que el Ministerio de Trabajo responda. Sin embargo, hasta este 10 de enero de 2022 no hay respuestas, explica la firma legal Del Pozo & Asociados, que asesora a los exempleados.
EL COMERCIO consultó al Ministerio de Trabajo sobre el caso de los extrabajadores. Hasta las 11:00 de este 10 de enero de 2023 no remitía su respuesta. Desde la Procuraduría General del Estado informaron que esa institución se encargó de la defensa jurídica en el caso Perenco y que el pago corresponde al Ministerio de Finanzas. Esta Cartera de Estado tampoco ha respondido sobre si en el cronograma de pagos constan los recursos para los extrabajadores.
Antecedentes del caso Perenco
El proceso arbitral del caso Perenco comenzó el 30 de abril de 2008, en el cual, la compañía francesa exigía, inicialmente, un pago de USD 1 423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.
En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de las ganancias de los precios de venta de petróleo no pactadas o no previstas. Ese porcentaje se incrementó al 99 % mediante el Decreto Ejecutivo 662 del 4 de octubre de 2007.
Según el comunicado de Finanzas, del 22 de diciembre, el laudo fue establecido en USD 435,18 millones, pero Ecuador debía deducir USD 54,44 millones por daños ambientales y USD 6,37 millones por costos y gastos arbitrales a favor del Estado.
Con esto, el monto neto de capital quedó en USD 374,37 millones más intereses. Sin embargo, luego del cruce de valores adeudados al Estado por medio del SRI, este valor quedó establecido en USD 351,69 millones más intereses.
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