Las autoridades de Santo Domingo recorrieron los barrios donde se incumple el estado de excepción. Foto: Cortesía Gobernación de Santo Domingo
Las restricciones que se aplicaron en el país por el feriado de Semana Santa y el estado de excepción en ocho provincias no frenaron las fiestas clandestinas, las aglomeraciones, el irrespeto al distanciamiento físico o el mal uso de la mascarilla.
En los tres días de asueto se reportaron 342 fiestas clandestinas, frente a las 229 del feriado de Carnaval. Sin embargo, hubo menos aglomeraciones: 184; en febrero del 2021 fueron 595. Así lo informó Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, la mañana de ayer lunes 5 de abril del 2021.
Según él, las últimas medidas y el estado de excepción focalizado sí evitaron los viajes internos y aglomeraciones en las playas.
Con esos antecedentes, los 30 días de estado de excepción en Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Azuay y Loja son vistos como una medida paliativa y un último recurso para intentar cortar la transmisión del coronavirus, según médicos especialistas de Guayaquil y Machala. Los expertos reclaman una serie de medidas coordinadas que “no se están ejecutando”.
El infectólogo Washington Alemán, médico de la Mesa Técnica de Salud del Municipio de Guayaquil, sostiene que el estado de excepción es una última estrategia, pero no debe ser una medida aislada.
“Se deben coordinar un conjunto de acciones, que lastimosamente no se han realizado, hay muchos vacíos y eso hace que probablemente la eficacia (del estado de excepción) no sea mayor de la que uno espera”.
Entre esas acciones menciona las pruebas masivas de diagnóstico, para identificar los casos de contagios y los contactos de los infectados, un fortalecimiento de las unidades de atención primaria y el avance sostenido del proceso de vacunación.
Eso también plantea su colega Efraín Beltrán, epidemiólogo de Machala. El estado de emergencia podría ayudar mucho más si se acompaña de una intensa búsqueda de casos activos para cortar la transmisión.
Federico Cabrera, epidemiológico guayaquileño, sostiene que la restricción vehicular y el cierre de playas atacan de forma paliativa el problema, pero se siguen registrando incumplimientos al distanciamiento y uso incorrecto de la mascarilla.
“La Metrovía circula con muchos usuarios y la concurrencia es masiva en las calles, unos sin mascarillas, o con ella en el cuello”, observó el epidemiólogo del Hospital Luis Vernaza. En ese sentido, Cabrera comenta que “las medidas de excepción responden al desborde de los hospitales, pero la gente sigue infectándose”.
En ese contexto, el contagio no se detuvo en estos tres días. En tres ciudades donde hay toque de queda hubo fiestas.
En Cuenca se desalojó a 152 personas que estaban reunidas, mientras que en Santo Domingo se encontró a personas que bebían licor en las tiendas, veredas, canchas deportivas y balnearios de cinco sectores del cantón.
En el asentamiento de la etnia Chachi se intervino en una fiesta de quince años, organizada después de las 20:00. En Manta se suspendieron 26 reuniones.
Por eso, el especialista Enrique Terán, docente de la Universidad San Francisco de Quito, menciona que “las medidas no son comprensibles. Con la velocidad tan lenta a la que va la vacunación, necesitamos tener mayor confinamiento voluntario para disminuir la exposición y la transmisión”.
En otros países, indica, se ha tomado este tipo de decisión, pero se ha aplicado un confinamiento total. “Si aquí se hace una restricción por horarios y con flexibilidades absolutas, por 30 o 60 días, es poco probable que surja algún efecto”.
Para el epidemiólogo Iván Dueñas las últimas medidas son restricciones de “tipo militar” que no han dado resultados hasta el momento. “Lo que hacen es generar rechazo en la población y no son realmente eficaces”.
Según él, el período de 30 días tampoco será suficiente, porque los picos de contagio se presentan en tiempos más prolongados que un mes, si se cuenta desde cuando se aplican las restricciones.
A eso se suma, agrega Dueñas, que las directrices que emite el COE nacional no son uniformes, porque finalmente los municipios tienen la última palabra y se generan varias ambigüedades y confusión.