El Pleno del Cpccs eligió a los cuatro vocales de la Judicatura por unanimidad y a su presidente con cinco votos. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El trabajo que deberá cumplir el nuevo Consejo de la Judicatura (CJ), luego de su posesión oficial en la Asamblea Nacional, deberá ser compatible con los pendientes que deja el Transitorio.
Juan Pablo Albán, quien fue parte del Consejo transitorio, pero renunció antes por compromisos académicos, marca varios puntos como los más importantes. Resaltan dos.
Primero, la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Esta tarea también fue marcada como prioridad por el Consejo de Participación transitorio (Cpccs-t), entidad que designó a los nuevos vocales. En la resolución se los exhortó a diseñar los parámetros y examinar a los magistrados.
Marcelo Merlo, presidente del CJ transitorio, además, indicó que el informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia reveló que 13 jueces de la CNJ cometieron arbitrariedades que merecen procesos penales.
La evaluación a la CNJ es otra de las dudas que se ventilaron en el concurso, que terminó el miércoles pasado y devino en la designación de María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan Morillo como integrantes del CJ.
La duda es si una Judicatura que será presidida por quien fue candidata de la misma Corte (Maldonado) será objetiva. Albán considera que a través de sus acciones, los vocales defenderán su legitimidad.
El proceso de evaluación había empezado ya con la Judicatura transitoria, pero el Cpccs-t lo suspendió por cuestiones de tiempo y discrepancias internas en la Judicatura.
Sin embargo, la evaluación ha vuelto a tomar fuerza luego de que el lunes pasado la Contraloría reveló un informe borrador con varias anomalías en el proceso de nombramiento de los jueces y conjueces y en las dos renovaciones parciales.
Otra de las prioridades será la compleción de los concursos públicos de selección para la Función Judicial.
Están pendientes los procesos para 7 000 vacantes administrativas. Además, otro para designar 400 plazas para la Fiscalía General del Estado (FGE). Y, finalmente, el proceso para la renovación de los 24 fiscales provinciales, que en la actualidad están encargados.
Esos concursos se habían iniciado con la anterior administración permanente, es decir, la que era presidida por Gustavo Jalkh. Pero, el Cpccs-t los suspendió mientras se hacía la evaluación que terminó en el cese de esos consejeros.
Luego, el CJ transitorio tampoco pudo completarlos porque cuando se limitó la evaluación a la Corte Nacional, también se les quitó la potestad de hacer nuevos nombramientos.
Ayer, los consejeros salientes, a través de un comunicado de Merlo, saludó la designación de sus sucesores y garantizaron un proceso ordenado de transición “en el marco de la transparencia y la ética para el fortalecimiento de la Función Judicial”.
La Judicatura transitoria se despide en medio de tareas que no han podido desarrollar por completo. En el organismo se instalaron mesas de trabajo para investigar la supuesta corrupción de los operadores de justicia y además la destitución de jueces, fiscales, defensores públicos y notarios.
Ayer, 24 de enero del 2019, finalizó el plazo para que los destituidos expongan su caso. En un primer corte se registraron 770 destituciones entre el 2007 y 2017.
Según la normativa vigente, los vocales transitorios están facultados a seguir actuando hasta la posesión de sus reemplazos. Pero, resolvieron clausurar las sesiones del Pleno y devolver los trámites pendientes a las direcciones, para que el nuevo CJ tome decisiones.
La posesión oficial está a cargo de la Asamblea Nacional. Y es una potestad de la presidenta Elizabeth Cabezas (CJ) incluir ese punto en el orden del día del Pleno. Sin embargo, eso tendrá que esperar a la próxima semana. Ya que no está prevista ninguna sesión para hoy o durante el fin de semana.