15 de diciembre de 2019 00:00

Esmeralda Arosemena: ‘La CIDH pide protección para todos, sin distinción’

Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH. Foto: Jorge imbaquingo / EL COMERCIO

Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH. Foto: Jorge imbaquingo / EL COMERCIO

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Jorge R. Imbaquingo
Desde Washington

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Entrevista con Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH

¿Cómo es la relación entre los ciudadanos afectados en sus derechos humanos y la CIDH?

Creo que la Comisión ha ganado confianza y credibilidad para llegar a la gente del continente y abrir ese espacio de escucha. Hemos hecho un trabajo de acercamiento a los países porque ha entrado una crisis económica tremenda y nuestra respuesta fue pedir apoyo a los Estados amigos.

¿Cuál es el balance de las sesiones efectuadas en noviembre en Ecuador?

Quedé satisfecha. Porque a pesar de la situación compleja, en pleno estado de excepción, se pudo desarrollar el programa, incluida una actividad académica. Eso permitió tener un espacio de reflexión en un momento de crisis. Para los países convocados fue un reto estar ahí y ser escuchados.

¿El problema financiero es producto del boicot del anterior Gobierno de Ecuador y de otros países de la misma tendencia?


Fue un problema muy crítico. El 40% de las personas que trabajaba en la CIDH iba a ser despedido. Ha habido esfuerzos y recibimos mucho apoyo de varios países.

¿Qué tanto afectó a la posición de Ecuador?

Las luchas ideológicas son aprovechadas por quienes las lideran. Detesto hablar de izquierdas o derechas, pero quienes dirigen estas luchas aprovechan para desconocer derechos humanos. Además, los países no pagan sus cuotas. Entonces, esto también impacta a la OEA e implica un deterioro del Sistema Interamericano. Nos hemos abastecido de presupuestos externos, lo cual afecta a la Comisión, pues esos recursos son limitados.

¿Qué le parece que integrantes del correísmo, que denostó a la CIDH, ahora se beneficien de medidas cautelares?

El Sistema Interamericano, en su mandato, pide la protección de los derechos humanos de todos, sin exclusión, sin ideologías, sin posiciones políticas, sin responder a poderes. Una vez me preguntaban qué pasaría si el expresidente (Rafael Correa) pudiese presentar una medida cautelar. Siempre dije que estamos en la misión de investigarla y, si el caso amerita, deberíamos otorgarla, porque es el derecho a su integridad. No podemos tener una diferenciación.

¿En qué consisten las medidas extendidas a los tres miembros del correísmo?

En este caso, las tres personas son beneficiarias de la medida cautelar, que es un instrumento de la CIDH para darle algunas indicaciones al Estado y así asegurar la vida de quien está en riesgo. Hay elementos para considerar esta gravedad. Estas personas, de la llamada Revolución Ciudadana, habían sido amenazadas. Ellos recibieron nuestra visita. La comisionada Antonia Urrejola tuvo una situación terrible en la cárcel de Latacunga. Ella pudo realizar la entrevista a Paola Pabón en un ambiente complicado. Tras ver todos los detalles y saber que había armas blancas en la celda contigua y conociendo el contexto, con una situación especial como la de la Prefecta (Paola Pabón), que puede perder el cargo, y aunque no entramos a la valoración de derechos políticos, lo que queremos es que el Estado evalúe el caso y se asegure la protección de estas personas.

¿Qué pasa si el Estado no acata las medidas, como ocurrió con Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez durante el correísmo?

Recuerdo esa situación, porque fui relatora de Ecuador. Eso significa la posición de un Estado que decide no atender una recomendación de parte de la CIDH. Estamos diciendo que hay un riesgo que debe ser evaluado. También sirve como lección a los ciudadanos que deben ver bien a quién eligen: hoy me toca a mí y mañana te puede tocar a ti.

En el caso del equipo de EL COMERCIO secuestrado en Mataje, ¿con el informe presentado el jueves acaba la investigación?


Esto no queda en el aire. El mecanismo de seguimiento fue para coadyuvar al Estado a identificar que no se trataba solo de la muerte de unos periodistas a quienes quisieron matar estos malandrines o porque querían tener la noticia y no les importó nada. Eso dice el informe, además para mostrar la situación de riesgo que vivía Ecuador en su frontera y en su propio territorio.

¿Cómo se realizó la investigación?

Hubo una cosa importante: tuvimos gente especializada en las líneas de investigación para vincular los hechos de las bombas con los atentados. Lo que buscamos es la verdad de los hechos. ¿Eso puede representar una responsabilidad para el Estado? Sin duda, pero eso tienen que determinarlo los tribunales.

¿Ha finalizado la medida cautelar?

No finaliza, porque el mecanismo tiene una cláusula que engancha al mandato a buscar la verdad de los hechos.

¿Y se van a hacer reuniones de aquí en adelante?

Para el seguimiento tendremos más reuniones de trabajo.

¿Serán más esporádicas?

Quizá un poco más esporádicas. Como hay un informe reciente y los peticionarios harán acciones para pedir información, daremos seguimiento a nuestras recomendaciones.

Hoja de vida 

Es Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 1 de enero del 2016.

Experiencia. Ocupó cargos en la Judicatura de Panamá. Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de su país, de la cual fue Vicepresidenta.

Formación. Es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, con especialización en Pedagogía, así como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Tiene un posgrado en Género.

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