El SRI señaló que no existe una fecha prevista para que todos los contribuyentes del país se sumen al sistema. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Para el 2018, 13 nuevos grupos de contribuyentes están obligados a emitir comprobantes electrónicos.
De ellos, nueve debían incorporarse desde el 1 de enero. En este grupo están las empresas medianas.
Se define así a las sociedades que en el 2016 generaron entre 1 millón y 5 millones de dólares en ingresos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) explicó que la medida se resolvió luego de realizar una capacitación a los contribuyentes.
La empresa Coqueiros, que elabora helados, empezó ya la emisión electrónica de facturas. Por ahora utiliza el programa gratuito del SRI, pero al ser una herramienta limitada, espera implementar en las próximas semanas su propio sistema, explicó Xavier Bustos, gerente de la firma.
Desde este mes también deberán incorporarse proveedores del Estado que registraron ingresos de USD 150 000 en el 2016, proveedores de exportadores y productores e importadores de productos gravados con el impuesto a los consumos especiales (ICE). También están incluidos los titulares de concesiones mineras, productores y comercializadores de alcohol y otros.
En tanto, otros cuatro grupos de contribuyentes -entre los que están agentes de aduana, importadores habituales y otros- deberán aplicar el sistema de facturación electrónica desde el 1 de junio próximo.
Con esta disposición, el SRI espera aumentar en 25 731 el número de contribuyentes que factura bajo este sistema.
El programa se lanzó en el 2012, primero de forma voluntaria y desde el 2014 se incorporó de forma obligatoria a empresas emisoras de tarjetas de crédito, empresas públicas, grandes cadenas comerciales, operadoras de telefonía móvil, exportadores, entre otros.
Del total de facturas emitidas en el 2014, las electrónicas representaron apenas el 13%. En el 2017 ese porcentaje se elevó al 83%.
Para las empresas, el cambio ha sido positivo. El asesor tributario Napoleón Santamaría explica que el sistema ha permitido ahorrar costos para las empresas en la emisión y archivo de documentos.
El SRI destaca otras ventajas: mayor seguridad en el resguardo de los documentos, reducción de tiempo en el envío de comprobantes y menor probabilidad de falsificación.
Guillermo Belmonte, subdirector de la entidad, destacó que “la facturación electrónica permite un cruce de cuentas y de información. La transacción se cuelga en la página web (del SRI) y es una de las principales herramientas contra la defraudación”.
Pero de cara al contribuyente aún hay algunos aspectos por mejorar. Si bien ya existen contribuyentes que emiten facturas electrónicas conectadas a la base del SRI, aún hay otros que no están enlazados de forma directa.
Esto propicia que en el momento de emitirse el comprobante se puedan cometer errores en el ingreso de datos del cliente y no se valide en ese momento la factura, lo cual genera inconvenientes para los usuarios, sobre todo en la deducción de ese gasto. Esto explica que aunque el comprobante electrónico tenga la misma validez que el físico, en varios establecimientos aún se sigan imprimiendo los documentos. Pero desde este año, todos los emisores deberán estar enlazados con el SRI y el usuario al mismo tiempo, lo cual evita estos problemas.
Mientras esto se operativiza, Santamaría recomienda comprobar que la empresa anote correctamente el correo y archivar digitalmente los comprobantes o imprimirlos.
Para el SRI, cada vez más emisores están enlazados. Además, recomienda no imprimir los documentos a menos que la compra se registre como consumidor final o cuando el cliente no tiene un correo para la notificación.
Para el siguiente año, las personas naturales y pequeñas empresas que generen entre USD 100 001 y 1 000 000 estarán obligadas a emitir facturas electrónicas. Según el SRI, los contribuyentes han recibido la capacitación para la implementación del nuevo sistema. En algunos casos se define con las empresas los cronogramas de aplicación.
Los establecimientos deben informar a sus clientes sobre el cambio en la forma de emisión de comprobantes, para evitar confusión entre los clientes.
La implementación del nuevo sistema estará sujeto a controles del SRI. Para los contribuyentes que incumplan con la obligación, las multas van entre USD 30 y USD 1 500.
El SRI señaló que no existe una fecha prevista para que todos los contribuyentes del país se sumen al sistema. Y anunció que se continuará con un esquema progresivo.
Esta política genera preocupación en el sector gráfico. Por ejemplo, desde que empezó el proceso obligatorio de emisión de facturas electrónicas en el 2014, la industria sufrió una caída promedio del 18%, según Jorge Naranjo, propietario de Gráficas Paola, de Quito.