Propietarios de negocios y casas en la 9 de Octubre, en Portoviejo, quieren ingresar para recuperar pertenencias. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
En Quito no se viven las dolorosas secuelas del terremoto del 16 de abril. Pero desde esta ciudad, la capital política del país, se buscan salidas para lograr levantar la economía de Manabí y Esmeraldas.
Ayer (25 de abril), desde dos instancias se empezó a delinear opciones para reconstruir y reactivar a los poblados afectados. En el Ministerio Coordinador de la Producción hubo una reunión con empresarios, mientras en el Legislativo empezó el trámite de una nueva ley que permita canalizar recursos a los afectados por el terremoto.
A la cita convocada por el frente de la Producción, liderado por Vinicio Alvarado, acudieron Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); Francisco Alarcón, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, entre otros. Del lado del Gobierno asistieron todos los ministros del área, además del director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando.
La agenda desarrollada tuvo cuatro ejes: reconstrucción de Esmeraldas y Manabí, su reactivación productiva, la canalización de donaciones, la reforma tributaria que hoy será sometida a segundo y definitivo debate, y el nuevo proyecto económico urgente.
Los empresarios privados expusieron un plan, que incluye la reactivación de la demanda, el desarrollo de emprendimientos, la construcción de albergues y casas, así como el impulso a iniciativas individuales. Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias del Guayas, anotó que unos 30 000 negocios minoristas están afectados, aunque habría más con los informales.
Los empresarios solicitaron que se concrete el acuerdo con la Unión Europea porque el 30% de la Población Económicamente Activa de ambas provincias depende de las exportaciones preferenciales de sus productos a ese bloque. Ese dato salió durante la reunión que se llevó entre las partes en Bruselas, la semana pasada.
Javier Ponce, ministro de Agricultura, comentó que se decidió coordinar acciones entre el sector público y privado. De modo preliminar se indicó que los sectores cafetalero y cacaotero están sumamente golpeados, lo que implicaría una importante caída de la producción en este año. También le preocupa el desempeño de la producción pesquera. Ponce precisó que se ha reactivado la dotación de agua en amplios puntos de Manabí, lo que significa que ya se puede dar mantenimiento a industrias como la atunera.
Por el lado del Legislativo, tras una semana de paralización de actividades, también se quiere responder con la propuesta del Ejecutivo.
Ayer, el Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Y como se esperaba, este pasó a la Mesa de Régimen Económico.
Esta propuesta ha generado críticas. La oposición no apoya el aumento de dos puntos al IVA. Para Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica (PSP), “una nueva carga impositiva provocará una disminución en la recaudación”.
PSP, PSC, Creo y Avanza observaron, además, que el presidente Rafael Correa quiera “chantajearlos” señalando que eliminará las sabatinas si votan a favor de su propuesta.
A lo anterior se suma la gestión del Gobierno durante esta crisis. “Centralizar la entrega de donaciones generó la idea de que se ha intentado eliminar la iniciativa ciudadana, el origen del envío”, por el papel que han jugado alcaldes contrarios al Régimen, dice Simón Pachano, analista político.
Tampoco ayudan algunas intervenciones del Mandatario, dice Pachano, al recordar frases como “que con una lata de atún no se arreglan carreteras”. O las amenazas de meter preso a quien reclame por la falta de agua o víveres.
El legislador oficialista Mauro Andino defendió al Presidente al señalar que “una cosa es ver el desastre en vivo”. Insistió en que cualquiera puede entrar en “estado de shock”.
Pero los señalamientos llegan de más sectores. Los miembros del Acuerdo Nacional, que aglutina a organizaciones sindicales, sociales y políticas de izquierda de oposición consideran que “no es humano” que se sumen impuestos a un país afectado por los daños del terremoto y, además, creen que es peligroso, pues el Gobierno pudiera usar esos fondos para cubrir el déficit fiscal.
Sobre este tema, el exalcalde de Quito, Augusto Barrera, recomendó crear un fondo específico de emergencia y de reconstrucción de áreas afectadas. Esto frente al temor de que esos recursos puedan destinarse para otras tareas.
También, el candidato presidencial, Guillermo Lasso, de Creo, ha sugerido, en un proyecto de ley, que los fondos se manejen con un fideicomiso.
En contexto
El Gobierno presentó un paquete de cinco medidas temporales, en un proyecto de ley económico urgente que la Asamblea Nacional deberá aprobar en mínimo 17 y en máximo 30 días. Con lo recaudado se espera obtener entre USD 650 y 1 000 millones.
