2 de September de 2009 00:00

‘El Ejecutivo no debe ejercer censura’

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Redacción Política
 
¿Qué puntos importantes tiene el proyecto de Ley de Comunicación que Ud. presenta hoy en la Asamblea?

Está enfocado a proteger los derechos de comunicación y de acceso a la información pública. En una sociedad democrática estos aspectos no pueden ser regulados ni controlados por el Estado. Es fundamental establecer otros espacios para no caer en un régimen de limitaciones.
 
¿La actual Constitución coarta los derechos de libertad de expresión en el país?

Yo diría que no. Ecuador es signatario de algunos acuerdos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que avala estas libertades. Sin embargo, hay disposiciones que podrían ser manipuladas en ese sentido y eso es lo peligroso. 


HOJA DE VIDA
César Montúfar
Asambleísta de Pichincha por Concertación Democrática Nacional. Ex candidato constituyente.
En 2002 fue uno de los mentalizadores de la veeduría Participación Ciudadana. Analista y articulista.

¿Cómo cuáles?

El art. 18 dice que la información tiene que ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural. Esa disposición no debe ser un pretexto para limitar el derecho a la libertad de expresión, como es la  visión del  Gobierno y del presidente Correa. Esta norma debe  permitir un mejor ejercicio de este derecho.  

Su proyecto pone énfasis al acceso a la información pública y gubernamental. ¿Qué normas contempla?

Mantiene el espíritu de la actual Ley de Transparencia, pero se desarrollan algunos elementos, como los plazos que tienen las autoridades para responder a los requerimientos de información. Baja de 15 días a 10.

¿Sólo se cambian plazos?

También se delimitan los casos en los cuales las autoridades pueden objetar los requerimientos de información. La defensa nacional y los documentos que, previamente, se  han calificado de reserva son de los pocos casos.   

¿Qué entidad supervisará el cumplimiento de esta Ley?

El Estado no puede controlar ni regular la libertad de expresión. Por eso, el Consejo de Protección del Derecho de Comunicación, que crea este proyecto, no tiene funcionarios estatales. Solo el Defensor del Pueblo lo presidirá, pero tendrá presencia de tres representantes de los medios de comunicación y de las asociaciones de televidentes, lectores, audioescuchas.... Será un consejo no vinculante que emitirá pronunciamiento con cierto peso moral.

El presidente Correa pidió la clausura de Teleamazonas. ¿En este caso, ese  Consejo canalizaría su demanda o lo haría  el mismo Conatel?

El proyecto hace una división entre telecomunicaciones y comunicación. Una cosa es un canal de TV y otra una empresa de celular. El Gobierno los confunde.

¿Y la censura?

Ningún derecho es absoluto. La regulación cabe, pero esta ley tiene un planteamiento diferente. Un concepto es este Consejo no vinculante. Otro que los medios hagan una autorregulación.

¿Para qué?

En la jurisprudencia internacional cabe este espacio desde el cual predomina la ejecución de buenas prácticas de periodismo o manuales de ética.

¿Cuándo opera la Justicia?

En un tercer momento. Lo que no se puede pensar es que cualquier abuso a la libertad de expresión sea sancionado por una autoridad vinculada al Ejecutivo.

¿Cómo se protegerá el oficio de los periodistas?

La libertad de expresión no solo deber ser hacia afuera de un medio sino dentro de él. Mi idea es garantizar que los profesionales no sufran presiones de los accionistas de los medios privados o de quienes dirigen  los públicos.

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