22 de June de 2009 00:00

Educación superior

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Carlos Larreátegui

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Inquieta profundamente el proceso de discusión y aprobación de la nueva Ley de Educación Superior. Por encargo del Gobierno, la Senplades condujo diversos talleres regionales con participación de varios actores del sistema universitario y tiene previsto presentar su proyecto de ley durante los próximos días.

Paralelamente, el Conesup presentó la semana pasada su propio proyecto mientras que la U. Central anuncia la entrega de una propuesta distinta. Entretanto, la evaluación de las instituciones de educación superior ordenada por la Asamblea con el Mandato 14 está en curso y no permite tener un diagnóstico real que pueda orientar la nueva ley.

La Senplades advirtió en Quito que su proyecto de Ley de Educación Superior pudiera ser remitido al ‘Congresillo’ y no, necesariamente, a la Asamblea Nacional como estuvo previsto. Si esto llegara a ocurrir, el sistema propuesto por Senplades alcanzaría quizás autoridad pero no obtendría la legitimidad que los consensos construyen.

Por ello, es indispensable asumir un debate sereno que no soslaye actores ni iniciativas como las del Conesup o la U. Central y que la redacción de la ley sea confiada a la nueva Asamblea sin confusiones ni apuros. Cabe anotar que las diferentes propuestas de ley cometen el mismo error: ignoran la universidad particular y pretenden normar la educación superior bajo la perspectiva de la universidad pública. Es incuestionable que el sistema universitario es indivisible y que los principios constitucionales sobre educación superior deben aplicarse por igual a instituciones públicas y particulares.

Sin embargo, las dos entidades difieren claramente en su naturaleza. Mientras las universidades estatales son entidades de Derecho Público, las universidades particulares son personas de Derecho Privado que tienen la potestad de gobernarse bajo sus propios estatutos.

Por ello, las leyes universitarias de los países más importantes del mundo dedican capítulos exclusivos a la educación particular y permiten que esas universidades establezcan su estructura y normas de gobierno. Es indispensable que la nueva ley reconozca la importancia y especificidad de las universidades particulares ecuatorianas y que les permitan manejarse bajo sus normas estatutarias dentro de los límites que establece la ley. 

Paralelamente, el Estado deberá controlar celosamente los niveles de calidad de estas instituciones y exigir el cabal cumplimiento de su función social. Aunque Senplades no presentó su verdadera propuesta, los talleres fueron útiles y activaron reflexiones importantes. El verdadero debate debiera arrancar con la propuesta de ley gubernamental. Sería un error histórico mandar al ‘Congresillo’ un proyecto de visión unilateral y aprobarlo en una madrugada.

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