En Ambato, los ocho radares fijos y los móviles se ubican, sobre todo, en las zonas de ingreso. Tres dispositivos están en la vía Indoamérica. Foto: Glenda Giacometti/EL COMERCIO
Al menos 2 500 taxistas marcharán hacia los exteriores del Municipio de Ambato este martes 8 de agosto del 2017, como medida de protesta por el funcionamiento de dos fotorradares móviles que sancionan a los conductores en las calles y avenidas de la capital del Tungurahua.
La movilización no paralizó el servicio de transporte en la ciudad. Con carteles en la mano y gritando consignas en contra de estos dispositivos y la Dirección de Tránsito, los directivos de la Unión Provincial y Nacional de Taxistas fueron recibidos en la sesión del Concejo Municipal, donde presentaron el pliego de peticiones.
Ellos solicitaron la suspensión definitiva de estos aparatos electrónicos, puesto que en esta ciudad no se puede circular a más de 50 kilómetros y la multa se cobra así se haya excedido en un kilómetro.
Según un informe emitido por la Unión Provincial de Taxistas de Tungurahua, más de 300 agremiados fueron sancionados por los radares móviles con multas de USD 112. Iván Bonilla, presidente de la Unión de Taxistas de Tungurahua, dijo que a más de la eliminación de los fotorradares exigen se cumpla con el control de la informalidad, las sanciones administrativas a las taxis parroquiales que trabajan en el centro de la urbe. Además, se impida la creación de transporte mixto y el taxi ejecutivo.
En la cita de trabajo el alcalde de Ambato, Luis Amoroso, aseguró que los fotorradares móviles dejaron de funcionar. Además, se decidió no aprobar a nuevas compañías de taxis parroquiales.
Añadióque solicitó a la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Tránsito que fue aprobada en años anteriores, que establece los montos de las multas. Además, culpó de la firma del contrato al exalcalde de Ambato, Fernando Callejas. “Debemos trabajar en conjunto para sacar adelante a la ciudad, todos sus peticiones están atendidas”.
Sin embargo, el concejal Robinson Loaiza refutó el argumento del Burgomaestre asegurando que al ejecutar el contrato la actual administración municipal, no se tomó en cuenta un informe externo emitido por un jurista ambateño, Santiago Alvarado, en este se establecía que su aplicación afectaría los intereses de la gente. “Pese a ello se dio el ejecútese y esas son las consecuencias que afrontan los conductores locales y nacionales”.
