En Santo Domingo, la decisión de subir la tarifa del transporte urbano se acordó entre autoridades y transportistas y no significará un cargo monetario para el pasajero.
Desde este mes rige un alza en el costo del pasaje de USD 0,30 a USD 0,39 para los usuarios regulares, mientras que para las personas de la tercera edad pasó de USD 0,15 a USD 0,19.
No obstante, esos USD 0,13 adicionales (USD 0,09 por pasajeros regulares y USD 0,04 por personas de tercera edad) serán asumidos por la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Transporte de este cantón que, con un subsidio, busca no afectar a los 200 000 usuarios que usan a diario las 330 unidades de cinco cooperativas.
La subvención total es de USD 3,96 millones e incluye el no pago del pasaje para estudiantes de jardín, escuela y colegio.
Esta última resolución fue la primera en ser aplicada antes de que se decretara el incremento.
Para los concejales, se trata de medidas de carácter político que se aplicaron siguiendo la metodología sugerida por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que emitió en enero pasado un documento con lineamientos para revisar la tarifa del transporte urbano del país.
Esta herramienta dejó en claro que los 221 municipios pueden ajustar el pasaje ya que tienen las competencias del transporte y, por tanto, el Gobierno queda en parte excluido en la toma de esa decisión. Así, Santo Domingo se convierte en la primera urbe en aplicar la metodología de la ANT a escala nacional.
Estudio determinó la situación
El edil Gonzalo Yépez explicó que se hizo un estudio para comparar la viabilidad entre la tarifa técnica y la socialmente justa, que pone como referencia esa normativa. Los resultados arrojaron que el 95% de los pasajeros no está en condiciones de asumir el alza.
Por eso, el Concejo Cantonal resolvió acoger la tarifa técnica y dispuso a la Empresa de Tránsito y Transporte que asuma los costos operativos y la rentabilidad de los transportistas. Para esto se revisó el numeral 3.2.6.4 de la metodología de la ANT.
Este indica que esos valores tienen que calcularse entre el capital promedio que destina el sector para operar los buses y la valoración de sus activos fijos.
Otra opción que se estudió fue el cálculo entre las condiciones socioeconómicas de la población y la nueva tarifa sugerida de acuerdo con una rentabilidad esperada.
Transportistas revisan medida
Iván Pallaroso es representante del Consorcio Mio, que aglutina a tres operadoras del transporte urbano. Explicó que, en función a ese esquema, se determinó que a cada uno de los 330 buses les correspondería USD 1 000 en subsidios.
Hay inquietudes sobre el tiempo de vigencia de este monto y la fuente de financiamiento.
El dirigente del transporte urbano Eduardo Soto indicó que se propuso que se aplique hasta diciembre de este año.
Él tiene dudas sobre la inclusión del valor en el presupuesto del 2023, cuando se realizarán las elecciones seccionales.
Sin embargo, el alcalde, Wilson Erazo, aclaró que el presupuesto se prorrogará precisamente por los comicios previstos para febrero del 2023, por lo que se espera que el subsidio siga hasta ese año.
Con respecto a los costos para mantener la subvención, hubo una oposición durante la discusión de la resolución en el Concejo.
La concejala Diana Coloma cuestionó que no se ha cumplido con la señalización horizontal y la semaforización sonora.
Ella votó en blanco al igual que el edil Wálter Andrade. La disposición fue aprobada por mayoría.
Referencias para el cálculo
Los municipios tienen que considerar, al menos, tres aspectos metodológicos generales para calcular la nueva tarifa del transporte urbano en el país. La herramienta de la ANT plantea costos fijos, variables, demanda de pasajeros, itinerario, rutas…
La primera alternativa es la tarifa técnica mediante la cual los cabildos asumen los costos operativos y una rentabilidad promedio del sector. Los gobiernos locales deben realizar estudios propios para determinar esos costos.
La otra opción es la tarifa de equilibrio. En esta se señala que los costos de operación no generarán utilidades ni pérdidas para los transportistas. Se analiza la cantidad de pasajeros, monto de ingresos, tarifa de equilibrio y porcentaje de ocupación igualitario.
La tarifa socialmente justa contempla que los pasajeros están dispuestos a pagar la nueva tarifa. Pero antes hay que realizar un análisis minucioso sobre las condiciones socioeconómicas de la población.
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