La audiencia participó Guillermo Herrera, prefecto del Carchi.
Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO
Las prefecturas de la Mancomunidad del Norte (MNN) y de la Amazonía (Conga) argumentaron hoy (4 de julio) ante la Corte Constitucional (CC) por qué debería derogarse la resolución del Consejo Nacional de Competencias (CNC) que les transfiere las competencias de fomento productivo y agrario.
Según la defensa de las prefecturas, el problema no radica en el manejo de las competencias, que por ley les pertenecen, sino en la ausencia de las asignaciones económicas para cumplir con la tarea.
Esto lo argumentaron ante la jueza sustanciadora, Wendy Molina, con base en el artículo 273 de la Constitución, que establece que no habrá transferencia de competencias sin la respectiva transferencia de los recursos suficientes.
Según las prefecturas, no es un tema solo de dinero, sino de “recursos”, es decir humanos, económicos y tecnológicos que deberían pasar a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.
La audiencia en la que participaron Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, y el abogado Darwin Seraquive. Mientras que por la Procuraduría estuvo Jimmy Carvajal y por el CNC Augusta House. La audiencia fue cerrada al público, por lo que solo se podía escuchar vagamente una retransmisión de audio en la sala de espera de fuera de la planta baja.
Según la defensa de la Procuraduría la demanda de las prefecturas carece de argumento jurídico, “lo único que hay aquí es la imputación de determinadas disposiciones constitucionales”. Por lo que solicitó que se niegue la acción pública de inconstitucionalidad.
Seraquive por su parte recordó que cuando se traspasaron las competencias de riego hubo una planificación, se transfirieron los recursos necesarios e incluso se creó una fórmula para calcular qué recursos se transfería a cada gobierno provincial. Bajo este antecedente reclamó que el sistema jurídico debe ser coherente, por lo que la resolución, como está planteada debe ser sacada del ordenamiento legal.
Además el abogado de las prefecturas recordó que la resolución 008-CNC-2014 también le asigna ciertas competencias de la misma área al Gobierno Central, como elaborar y ejecutar proyectos productivos directamente y controlar lo que ejecutan los gobiernos locales.
El prefecto Herrera reclamó al final de la audiencia que el abogado de la Procuraduría “haya querido influenciar” en los jueces de la Corte en contra de las prefecturas, ya que como abogado del Estado debería también velar por sus derechos, ya que los gobiernos provinciales también son instituciones públicas.
Las partes deberán presentar en cinco días la argumentación legal faltante y después la jueza sustanciadora emitirá un informe que deberá ser debatido y aprobado por el pleno del organismo, con su decisión final.
