La vida de Susana Amagua se detuvo en febrero de 2015. En ese mes, esta madre de origen humilde enfrentó la muerte del segundo de sus cuatro hijos, Byron Caiza. El joven de 23 años fue golpeado y quemado vivo en Machachi, por personas que lo confundieron con el sospechoso de un robo.
Siete años después de esos hechos, doña Susana aún tiene presente el atroz acto que padeció su hijo. Las lágrimas inundan su rostro al recordar que Byron agonizó cinco días antes de fallecer, en un hospital de Quito. Para la mujer, estos años han sido muy difíciles, no solo por la pérdida de Byron sino por todo el proceso judicial que se abrió para detener a los responsables del crimen.
Las investigaciones de la Policía y de la Fiscalía señalaron que a Byron lo quemaron los integrantes de una familia que vivía en el sector de Tesalia. La casa de los sospechosos fue el escenario para cometer el ataque al joven. Por eso, en 2016 la Fiscalía cerró ese lugar tras las respectivas diligencias. En el proceso judicial se indicó que a Byron le ataron las manos, le rociaron gasolina y luego le prendieron fuego.
Las pesquisas demostraron que en el momento del acto estuvieron presentes siete personas, todos de un mismo núcleo familiar. La Policía inicialmente logró detener a cuatro de ellos. Todos hermanos. Los padres también fueron señalados como presuntos responsables, pero se fugaron y se mantuvieron en la clandestinidad durante todo el proceso.
Al final, solo dos de los integrantes de esa familia fueron sentenciados. La Justicia determinó que por el ataque a Byron debían permanecer 34 años y ocho meses en prisión. Hoy pagan esa condena en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, en Cotopaxi.
Pero para doña Susana y su familia, la sentencia de los dos hombres siempre estuvo incompleta, pues no se llegó a judicializar al resto de implicados. En total, en la lista de Fiscalía aparecían siete indagados o posibles sospechosos.
Cierre de la investigación
Las esperanzas de esta madre y su familia se perdieron en agosto pasado. El abogado público, que los defendía en el proceso, les comunicó que una jueza dispuso la prescripción de la acción penal. Con esto se archivó definitivamente la investigación previa.
La madre no entiende cómo se pudo archivar el caso del asesinato de su hijo. “Lo único que me dijeron es que ya no se puede hacer nada y que el caso se cerraba y que ya no se podía sentenciar a los otros implicados”, cuenta la
mujer mientras llora.
Según el expediente judicial, al que tuvo acceso este Diario, la prescripción de la acción penal se da tras un “análisis pormenorizado“ que realizó la Fiscalía en este caso. En la sentencia se explica que este proceso fue revisado por el Fiscal Superior de Pichincha y que él fue quien se pronunció sobre la prescripción.
En el expediente, la jueza también expone que “la solicitud de prescripción y archivo” fue presentada por el fiscal del cantón Mejía, Javier Bósquez. De allí que se ordena la prescripción de la acción penal a favor de María F., madre de los sentenciados y también procesada por el asesinato de Byron Caiza. Después de esta acción, la casa donde fue asesinado el joven abrió nuevamente sus puertas.
Familia y amigos indignados
Esto ha generado un rechazo por parte de la familia y amigos de Byron. En Machachi aún es recordado por sus logros deportivos. El joven era un apasionado ciclista. Fue seleccionado de la provincia de Pichincha. En la casa de sus padres aún guardan las medallas y trofeos que ganó en su adolescencia y en su juventud.
De hecho, en la lápida de su tumba está la silueta de una bicicleta. Sus amigos deportistas lo recuerdan con cariño y piden que el caso no se cierre. Su madre se siente intranquila con el accionar de la justicia, no entiende cómo pueden cerrar el caso, pese a que la condena fue de 34 años de cárcel.
“Mi hijo fue un joven bueno. No le hizo mal a nadie. Ahora hasta la justicia nos falla. En los juzgados son hasta groseros y los abogados públicos solo nos dicen que ya no se puede hacer nada”, asegura. La falta de recursos económicos ha hecho que la familia no pueda costear un abogado particular y solo han confiado en la defensoría pública.
Pero este ente tampoco se pronunció para evitar la prescripción. Marco Jurado, abogado penalista, revisó la sentencia de la prescripción y dice que en este caso posiblemente hubo una negligencia de los abogados que defendían a la familia, pues ellos debían impulsar que el proceso no se cierre.
Además, detalla que la Fiscalía debía cerciorarse de que el proceso no prescriba, pero al no haber ninguna objeción, la jueza ordenó la prescripción definitiva. La familia pide que tanto la Fiscalía como la Judicatura revisen el proceso, pues quedaron muchos aspectos sin resolver.
“Yo no sé de leyes, pero es obvio que aquí hubo algo raro. La justicia debe ser para todos. A mi hijo lo asesinaron de la forma más cruel, no es justo que ahora digan que se cierra el caso y que ya no se puede seguir investigando. No pueden dejar libres a los culpables”, dice.
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