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Deuda y obras inquietan a las prefecturas

Carlos Luis Morales recibió su credencial como prefecto de Guayas el viernes pasado. Fotos: Patricio Terán y archivo/ EL COMERCIO.

Carlos Luis Morales recibió su credencial como prefecto de Guayas el viernes pasado. Fotos: Patricio Terán y archivo/ EL COMERCIO.

El pasado 23 de abril se reunieron el presidente Lenín Moreno y 21 prefectos electos. Foto: Patricio Terán y Archivo/ EL COMERCIO.

Los prefectos electos del país asumirán funciones mañana (14 de mayo del 2019). De las 23 provincias, 16 estrenarán un nuevo dignatario, cuatro estarán encabezadas por funcionarios que lograron la reelección y en tres, retornarán exdirigentes. Todos ellos estarán hasta el 2023.

El mejoramiento de los caminos vecinales, el impulso a la productividad y emprendimiento, y la lucha contra la corrupción son parte de las agendas que, dicen, impulsarán en sus administraciones. Pero están conscientes de que llegan en un momento marcado por la austeridad y las deudas desde el Gobierno central.

Según el Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), la deuda con las prefecturas suma USD 348 millones, aunque Finanzas aseguró que son 80,9 millones.

En Azuay, el prefecto Yaku Pérez dice que entre sus retos constan el ordenamiento de las finanzas, liquidar empresas públicas con problemas financieros, reducir impuestos, atender la vialidad rural y cobrar las deudas al Gobierno por más de USD 60 millones.

Pérez denunció que dentro del proceso de transición no ha recibido la información económica-financiera actualizada de la administración saliente. Según él, conoció “que el Gobierno transfirió en diciembre y la semana anterior USD 27 millones por la venta de las acciones y que con esos recursos se paga a proveedores”.

Para Pérez, esto afectará el inicio de su administración y por eso solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría a la administración del aún prefecto Paúl Carrasco.

Carlos Luis Morales recibió su credencial como prefecto de Guayas el viernes pasado. Fotos: Patricio Terán y archivo/ EL COMERCIO.

En Carchi, el reelecto prefecto Guillermo Herrera tiene como prioridad el asfaltado de vías rurales. Su compañera de fórmula, la viceprefecta Melva Cadena, coincide en que es el mayor requerimiento.

Como estrategia para desarrollar este proyecto se actualizó el plan vial. En ese documento consta el estado de los 2 000 kilómetros de carreteras, a cargo del organismo provincial. De esa cantidad, se planea asfaltar al menos 109 kilómetros hasta el 2023.

Para ello, se destinará el 60% del presupuesto de la Prefectura (USD 15 millones), explica Cadena. En la gestión anterior se invirtieron USD 425 587 en el mejoramiento vial y el mantenimiento de caminos.

Mientras tanto, esperan que el Gobierno central transfiera los recursos a tiempo, para empezar con el trabajo programado. El Estado le adeuda a esta Prefectura USD 4,3 millones.

El Prefecto electo de Tungurahua, Manuel Caizabanda, asumió el viernes la presidencia de la Asamblea Provincial. Este organismo de participación ciudadana fue dirigido por 16 años por el prefecto saliente, Fernando Naranjo.

“Solicito a toda la provincia trabajar de manera mancomunada para continuar con los proyectos y programas de los parlamentos gente, agua y trabajo. Va a haber cosas que se deban cambiar y otras que mejorar”, precisa.

Entre los pedidos de los integrantes de los parlamentos está realizar una política de seguridad integral, agua segura y para la agricultura, implementar programas para el empleo adecuado y apoyar los emprendimientos. Asimismo, continuar con políticas para el turismo sustentable, el fomento productivo y otros.

En Guayas, según las cifras que maneja el Congope, la deuda es de USD 28,6 millones, por concepto del compromiso de agosto del 2018, devolución del IVA, riego y dragado.

A pesar de ello, el prefecto socialcristiano Carlos Luis Morales dijo que este no es momento de quejarse, sino de trabajar. “Para eso nos eligió el pueblo. Para volver a la provincia a la normalidad”.

Una de las primeras acciones que tomará es el cierre por 60 días de las instalaciones de la Prefectura para ejecutar un examen interno y externo. Sin embargo, varias dependencias sí seguirán despachando.

Rafael Dávila, vicepresidente del Congope y reelecto prefecto de Loja, recuerda que el pasado 23 de abril sostuvieron una reunión con el presidente Lenín Moreno en Carondelet. Ahí le pidieron ponerse al día.

Añade que en enero del 2017 y en agosto del 2018 se firmó con Finanzas, el Banco de Desarrollo y las prefecturas, compromisos para devolver recursos a través del Banco de Desarrollo, pero no se cumplen.

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