Llegaron con sobres y papeles en mano. Ese es el respaldo de los habitantes de Monte Sinaí, en el límite noroeste de Guayaquil, para avanzar con la legalización de sus predios.
La mañana de este sábado 15 de julio del 2017, en la explanada del hospital que está casi terminado en el sector, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), convocó a los moradores para hablar sobre las reformas a la Ley 88, de Legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y propietarios de predios que se encuentran en la circunscripción de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.
Viviana Saquipay, al igual que otras madres, llegó con sus hijos. Contó que desde el 2007 vive en un terreno de la cooperativa Valle Verde, por el que pagó USD 3 500. “Pero no tengo el UTM y eso me preocupa. Solo tengo la copia de la cédula. He levantado mi hogar poco a poco, con esfuerzo. Solo nos falta la legalización“.
El UTM es el certificado de posición gráfica que anteriormente era requerido para el trámite. Esta mañana, la titular del Miduvi, María Alejandra Vicuña, explicó que en adelante el trámite será más sencillo: solo se solicitará la copia de la cédula de identidad del propietario y llenar un formulario con datos.
Además, la imagen satelital válida para el proceso ya no será la de diciembre del 2010, sino la de marzo del 2017. 100 estudiantes de la Universidad de Guayaquil recorrerán el sector para levantar información y ayudar a las familias con la solicitud.
Vicuña recordó que ya han sido entregadas cerca de 500 adjudicaciones. Para el 24 de julio darán unas 1 000 más y en esa actividad se prevé la participación del presidente Lenín Moreno.
Según la Ley 88, los lotes de interés social son aquellos de menos de 300 metros cuadrados. Los de mayor extensión serán legalizados, aunque su costo será un poco mayor. El caso es similar para los terrenos dedicados a actividades comerciales.
La ministra indicó que, tras la legalización, el Municipio de Guayaquil podrá ejecutar obras de servicios básicos en el lugar, como parte de sus competencias. En tanto que Ricardo Nicolalde, de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, pidió a los habitantes de Monte Sinaí proteger los terrenos que no han sido ocupados, porque hay un plan para crear parques, centros de salud y guarderías en esos sitios.
El anuncio alivió a Rosa Calero que en el 2010 compró un terreno por USD 3 000 en la cooperativa Cerro Azul, atrás del hospital de Monte Sinaí. “Por muchos años vivimos con miedo, por los desalojos. Ahora estaremos tranquilos”, contó.
Pero Adolfo Plúa todavía tenía dudas. Él vive en un sector que por ahora no es parte de los planes de legalización. “Soy de la cooperativa La Karolina. Dicen que nos van a desalojar, pero tenemos años viviendo allá”.
En Monte Sinaí viven unas 20 000 familias, es decir, más de 120 000 personas. Esto según información del Miduvi hasta el año pasado.
En el 2010 el área fue delimitada y se realizaron varios desalojos, dirigidos por policías y militares. En marzo pasado, el anterior Gobierno decidió que el polígono para la legalización es el mismo que se fijó en el 2010, aunque con más viviendas. De 8 000 casas se pasó a 27 000 en este sector.