Una cinta plástica traza el lote de Manuela Chocho, 50 años. En el centro del terreno, de 8 por 16 metros, hay una covacha de caña y plástico, donde vive ella.
Chocho, oriunda de Riobamba, es una de las 300 personas que hace 21 días invadieron un terreno de 6,6 hectáreas del colegio fiscal Nueve de Octubre, en el noroeste de Machala.
El terreno fue tomado ante la sorpresa de las autoridades del colegio, el más antiguo de la ciudad. Inmediatamente, los ocupantes levantaron covachas y plantaron en cada lote banderas verdes, con leyendas que aluden al partido de Gobierno. “Queríamos bautizarlo como urbanización Rafael Correa, pero ahora creemos que mejor no”, dice Chocho. El terreno, rodeado de barrios de clase baja, ha permanecido desocupado por más de 40 años, recuerda Xavier Machuca, otro de los invasores. “Como estaba botado, aquí se cometían violaciones, había fumones, y ladrones”.
Machucha, comerciante informal, todavía arrienda un cuarto con su madre en el barrio 19 de Noviembre, muy cerca de la invasión. Apenas ocuparon el predio, las familias rozaron el monte, y colocaron sus nombres para identificar cada lote. “Queremos pagar, no queremos que nos regalen, pero que no cobren mucho”, pide Chocho.
Esta es la cuarta ocasión que el terreno es invadido. En las tres anteriores las autoridades desalojaron a los invasores.
En la mañana del jueves, 60 policías, acompañados de una agente fiscal y de la rectora del plantel, llegaron al predio para proceder al desalojo. No lo lograron. En la orden de desalojo constaba el número de otro predio y la acción se canceló.
La rectora Clara García dijo que se tiene previsto construir un polideportivo en ese terreno, pero no se ha concretado por falta de recursos. El dinero lo ofreció el Ministerio de Educación, a cambio de que no se levante allí un centro comercial que impulsaba el Municipio.
El gobernador de El Oro Édgar Córdova se reunió el mediodía del jueves con los dirigentes de los invasores para hallar una salida al problema. En Machala no se habían registrado invasiones desde el 2007. Ese año unas 650 familias intentaron ocupar un lote de 9 hectáreas en el sureste de la ciudad. El terreno fue al poco tiempo desalojado y hoy permanece bajo custodia policial.