10 de mayo de 2018 00:00

300 uniformados resguardan la mina Río Blanco, en Azuay

El acceso al campamento minero está custodiada por policías y militares. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

El acceso al campamento minero está custodiada por policías y militares. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

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Giovanni Astudillo

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El campamento minero de Río Blanco, ubicado entre las parroquias cuencanas de Molleturo y Chaucha, está resguardado por 200 policías y 100 militares. Ellos monitorean que no se repitan más enfrentamientos como el ocurrido la noche del martes 8 de mayo del 2018.

Un grupo de comuneros y antimineros intentó tomarse el campamento. La protesta fue por supuestos incumplimientos en seguridad, cuidado ambiental y contratación laboral por parte de Ecuagoldmining, dijo el dirigente de los manifestantes, Andrés Durazno. Esta empresa china tiene la concesión de Río Blanco.

Por los enfrentamientos y los daños en el campamento hay cuatro detenidos. Hubo un policía herido y maquinaria y estructuras afectadas, aseguró el gobernador de Azuay, Xavier Enderica. Según él, los manifestantes lanzaron bombas molotov, que incendiaron el área de las habitaciones de los obreros y la enfermería.

Vehículos como una volqueta, una retroexcavadora y una motocicleta, “que no pertenecen a la minera, sino a personas de la zona que brindan sus servicios al proyecto”, también fueron afectadas.

Este miércoles, 9 de mayo del 2018, la primera puerta de acceso a Río Blanco estuvo resguardada por militares y policías, quienes impedían el paso. En el sector ya no hubo protestantes ni tampoco a lo largo de la vía que une la mina con el poblado de Yumate.

En el trayecto hay tres tramos que tienen zanjas y rocas que dificultan el tránsito. El Ministerio de Minería denunció que esas afectaciones fueron realizadas por los manifestantes. También, existen daños en la otra vía de acceso desde el poblado de Migüir. Hoy (jueves) empezará la recuperación de ambas carreteras por parte de la Prefectura de Azuay.

De acuerdo con información de la minera Ecuagoldmining, las actividades seguirán suspendidas hasta contar con las garantías para sus trabajadores. Ellos dejaron de laborar en la mina desde la tarde del domingo anterior (6 de mayo), por la presencia de los grupos antimineros.

Río Blanco, ubicado en la zona occidental de Azuay, es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos del Ecuador, catalogados así por el Ministerio de Minería. Está en la fase de explotación. En la actualidad, se extrae el material mineralizado. Entre el 11 de marzo y el 1 de abril se obtuvieron 300 toneladas de concentrados.

La reserva probada del proyecto es de 2,1 millones de toneladas de roca mineralizada. De allí se prevé obtener 605 011 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata. La vida útil de la mina será de 11 años.

Para el integrante del Cabildo por el Agua, Paúl Jarrín, esta actividad afecta a las fuentes de agua de la zona. Por ello, señaló que los comuneros y organizaciones sociales y ambientalistas reclaman.

Según él, no están de acuerdo con el pedido de diálogo y su principal solicitud es que se paralicen definitivamente las actividades en este proyecto.

Además, los comuneros que fueron parte de las protestas emitieron un comunicado. Allí, pidieron a la ciudadanía de la provincia y del país que se sumen a la defensa del agua y exigieron “la reversión inmediata de las concesiones mineras en Río Blanco y todo el territorio nacional”.

Ir hacia undiálogo fue una de las cuatro resoluciones que adoptó la noche del martes pasado el Comité de Operaciones de Emergencias de Azuay. Las otras fueron mantener la vigilancia y monitoreo de la zona, disponer el accionar a las entidades competentes y de control y, finalmente, que la Fiscalía investigue este hecho.

Según el fiscal provincial (e) de Azuay, Fernando Sánchez, la fiscal a cargo del caso, Viviana Cordero, ya dispuso algunas diligencias que son reservadas, pero buscan determinar qué ocurrió y están a cargo de la Policía Judicial y el departamento de Criminalística.

Al respecto, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, dijo que antes de judicializar o que exista una masiva presencia de la fuerza pública, lo importante es impulsar el diálogo con quienes están reclamando.

El Gobierno anterior nunca socializó esos proyectos. Ni el Municipio tiene información completa, por eso contratamos a las universidades para que realicen un estudio ambiental. El primer informe se presentará este mes”, señaló.

Por su parte, la Cámara de la Minería del Ecuador rechazó estos actos. Mediante un comunicado indicó que este proyecto cuenta con todos los permisos ambientales, legales y de seguridad para su funcionamiento.

Este gremio señaló que en la mina laboran 193 personas. De ellas, 70% pertenece a las comunidades de influencia directa: Río Blanco y Cochapamba (Molleturo) y Zin Alto y Llano Largo (Chaucha).

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