Dirigentes de las centrales sindicales del FUT se reunieron para planificar la marcha. Foto: API
La política de diálogo impulsada por el presidente Lenín Moreno entró en una segunda etapa. Pero, a pesar de esta búsqueda de acuerdos, algunos sectores no están conformes con los términos del denominado diálogo nacional.
A las 16:00 de este jueves 20 de septiembre, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó a una nueva movilización en contra de las medidas del Ejecutivo.
José Villavicencio, presidente del FUT, reconoció que tras la marcha del 29 de agosto tuvieron un acercamiento con la Secretaría de la Política. Luego de ese encuentro no han tenido nuevas reuniones con representantes del Gobierno.
Las centrales sindicales del FUT están en contra del incremento del precio de la gasolina súper y del diésel industrial.
A criterio de Villavicencio, estas medidas ocasionarán una “especulación mayor”, que podría afectar a la economía de los sectores populares.
En la marcha de esta tarde los dirigentes del FUT pedirán que el Ejecutivo “rectifique” las medidas económicas, ya que según los sindicalistas se podrían adoptar otros mecanismos más eficientes para reducir el déficit fiscal.
La dirigencia del FUT cuestiona que el Gobierno no dé valor a sus propuestas.
Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores (Cedocut), indicó que en el diálogo se les pidió aportar en temas estrictamente laborales.
“Nosotros también tenemos propuestas económicas, pero solo se nos toma en cuenta para lo laboral”, subrayó Bedoya. Según el Ministerio de Trabajo, esa Cartera de Estado registra 5 882 organizaciones de trabajadores.
El analista Napoleón Saltos cree que la política de diálogo intenta desactivar la movilización, que es la mayor fortaleza de las organizaciones sociales. Por eso considera que el denominado diálogo evidencia un desgaste, pues no se lograron los resultados esperados.
El analista Marcel Merizalde, catedrático de la Universidad Central, sostiene que quienes no se suman al diálogo son los nuevos excluidos, ya que los gremios de los trabajadores tuvieron durante el gobierno anterior una etapa en la que tuvieron poco protagonismo. De ahí que ve una reconfiguración de fuerzas políticas.
Sobre la marcha de este jueves, 20 de septiembre, Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, dijo que “un grupo de trabajadores organizados” tiene derecho a discrepar con las decisiones tomadas por el Gobierno.
Otro sector que rechaza el ajuste económico del Gobierno es el movimiento indígena.
El 28 de septiembre pasado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) organizará su Asamblea Anual, en la cual está previsto delinear su hoja de ruta y planificar una movilización que se realizará a finales de octubre.
El movimiento indígena rechaza la reducción del subsidio a los combustibles y pide al Gobierno suspender las actividades mineras en Río Blanco, Azuay. Además, solicita que se suspenda la XI Ronda Petrolera- Sur Oriente, entre otros proyectos extractivistas.
Apawki Castro, dirigente de la Conaie, indicó que aún quedan temas que no han sido resueltos en los diálogos con el Gobierno, como el transporte comunitario y la situación de los trabajadores agrícolas.
Estos cuestionamientos salen a flote cuando el Gobierno impulsa la segunda fase del diálogo nacional, bajo el eslogan ‘Tu voz es mi voz’. En esta fase el Gobierno se enfocará en aterrizar las ideas, con el objetivo de alcanzar una “descentralización del poder”.
La Secretaría de la Política cumple un papel fundamental en esa tarea. Paúl Granda, su titular, sostiene que se han esforzado para “conciliar y pacificar el país”, en el marco de acuerdos de tolerancia frente a los criterios distintos.
Granda afirma que es respetable que ciertos sectores de la ciudadanía tengan y expresen una posición diferente. Pero aclaró que esperan que se movilicen de forma pacífica.
Según datos de la Secretaría Política, en la primera fase del diálogo nacional se cumplieron 440 encuentros y se recogieron 4 400 propuestas.
Granda asegura que están dispuestos a reunirse con todas las organizaciones sociales. “El diálogo, además de fortalecer la gobernabilidad, es una herramienta potente para construir políticas públicas”.
La movilización en Quito partirá desde la Caja del Seguro Social y llegará hasta el Centro Histórico.