Marco Arauz Ortega
Subdirector
La presencia del ‘hermano incómodo’ ha sido una constante en varios gobiernos desde el retorno a la democracia. Y cuando no fueron hermanos quienes despertaron la suspicacia de beneficiarse del poder presidencial, fueron hijos, hijas y hasta nietos políticos.
La ‘revolución ciudadana’ reedita la sospecha, con el agravante de que es un gobierno que basa su acción en discursos éticos.
Casi nadie cree en los idearios políticos, pero los militantes que apostaron por ‘las manos limpias’ repasan con perplejidad lo que dice el plan de Gobierno de Alianza País sobre la acción pública: esta buscará “la recuperación y la forja de valores que permitan cristalizar una sociedad libre de corrupción, entendida esta no solo como actos reñidos con la ley, sino como el abuso de poder por parte de individuos u organizaciones, sea en el ámbito público o privado, en actividades económicas, políticas, sociales, empresariales, sindicales, culturales, deportivas, que beneficien directa o indirectamente a una persona o a un grupo”.
¿Se viola la ley al ser hermano del Presidente y al mismo tiempo beneficiario de contratos públicos? Ojalá se investigue. ¿Pero Fabricio Correa habría conseguido tal número de contratos en caso de que no fuera hermano del presidente Rafael Correa? Posiblemente no.
La discusión no se basa en las eventuales violaciones legales sino, como apunta el ideario revolucionario, en un posible abuso de poder. El Presidente compara irónicamente a su hermano con Bill Gates, quizás para minimizar la posible gravedad de sus acciones. Pero ¿acaso una violación ética depende de su tamaño?