Unidad de Investigación
La reunión del Consejo Nacional de Control de Lavado de Activos (Concla) tuvo un desenlace inusual.
En la cita, que empezó ayer a las 15:00 en la Procuraduría, se tenía previsto el tratamiento de varios puntos. El principal era conocer el informe sobre las sanciones a los técnicos ecuatorianos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que participaron en la cita plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud), realizada en Buenos Aires, en diciembre pasado. En ese encuentro, Ecuador fue sancionado por no presentar el cuarto informe de los avances en la lucha antilavado.
Al iniciar la reunión, el director del Concla, el procurador Diego García, informó que el director de la UIF, Víctor Hugo Briones, le había presentado la renuncia minutos antes en su despacho.
Inmediatamente, los siete integrantes del Consejo votaron sobre el pedido de dimisión. A los pocos minutos, cinco de los representantes aceptaron la renuncia, incluidos el procurador García, el director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, el director Anticorrupción de la Fiscalía, José Cisneros, y los representantes del Comandante de la Policía y de la Superintendencia de Compañías. Se abstuvieron los delegados de la Superintendencia de Bancos y de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Una vez aceptada la salida de Briones, el Concla decidió encargar la dirección de la UIF a Daniela Solano, quien se desempeñaba como directora de Prevención. Solano tiene una dilatada carrera y especialización en el control antilavado. Desde antes de la creación de la UIF trabajó para sentar las bases de ese organismo.
Fuentes del Consejo informaron que la suerte de Briones estaba echada días antes de la sesión, en vista de las evidentes negligencias cometidas en la preparación del informe, que salieron a la luz desde el fin de semana.
Horas antes de participar en la reunión del Concla, el director SRI, Carlos Marx Carrasco, afirmó que en junio del año pasado, durante la reunión del Gafisud en Montevideo, “sospechaba, por los comentarios que se vertían”, que Ecuador sería incluido en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de activos.
Según Carrasco, él advirtió sobre este particular, aunque no especificó a qué autoridad en el país. “Yo realicé en junio una exposición muy fuerte ante los miembros del Gafisud, donde detallaba los esfuerzos que se hacían en el país para el control del lavado. En ese entonces, ya se sabía que los países que podían entrar en la lista eran Ecuador, Bolivia, Paraguay y Colombia. Este último por un incumplimiento en el pago de cuotas”. Carrasco, además señaló que fue un error no haber remitido la información por escrito al Gafisud, donde se incluían las labores realizadas, pero que también fue un “error que la delegación del Gafisud no haya llegado en junio a la visita al país, pese al ofrecimiento”.
Las fallas más graves se evidenciaron en el encuentro de Argentina, realizado entre el 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2009. Los representantes ecuatorianos, con el procurador Diego García a la cabeza, debían presentar el informe de la UIF. Pero no lo hicieron, lo cual desembocó en una sanción en primer grado contra Ecuador, suspendiéndole el derecho a ser electo a algún cargo, integrar delegaciones, recibir apoyo financiero y ser sede de eventos sobre antilavado.
El 30 de noviembre, en la misma cita, hubo una reunión cara a cara con los representantes del Grupo de Revisión Regional de las Américas y del Grupo Regional de Cooperación Internacional del GAFI.
El objetivo fue discutir el borrador del reporte del proceso de revisión realizado a Ecuador y propuestas de las acciones que se deben seguir .
Según la memoria escrita del encuentro, en poder de este Diario, los delegados pidieron al equipo ecuatoriano, encabezado por el procurador Diego García, ampliar su informe y detallar las acciones que se deben seguir para superar las debilidades. Además se le advirtió a Ecuador que si no avanza en la formulación de leyes contra el financiamiento del terrorismo “el GAFI lo podría calificar como un país no cooperante”. Esa advertencia tuvo una desafortunada concreción el 18 de febrero, durante la reunión del GAFI en Abu Dhabi.
Ecuador fue incluido, por pedido del G-20, en la lista de países no cooperantes de alto riesgo para el sistema financiero.
Las implicaciones
Los efectos de la inclusión del país en esta lista podrían verse reflejados en el manejo de los flujos internacionales.
La banca ecuatoriana, a enero pasado, mantiene USD 5 037 millones en activos en el exterior y la Reserva Monetaria alcanzó los USD 3 918 millones.
Las entidades externas y los órganos de control adoptan medidas de prevención de riesgos frente a países con deficiencias en la lucha contra el lavado.
Entre las medidas que toman está intensificar el seguimiento a las transacciones. A septiembre de 2009, las transferencias corrientes hacia el Ecuador sumaron USD 1 884 millones.