Entrevista a Diana Atamaint presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Las elecciones validan la vida democrática de un país. ¿Cómo llega el Ecuador a los comicios de hoy?
Miro de forma positiva este proceso electoral, más allá de los análisis que pueden hacer los expertos, en el sentido de mirar históricamente la participación exorbitante de candidatos, ahora que hay más de 80 000. Lo veo de manera positiva, porque esto da cuenta de que con este marco legal que garantiza derechos y, sobre todo, que defiende de forma importante el derecho de participación. El Consejo Nacional Electoral promovió y calificó sin miramientos a aquellas organizaciones políticas que cumplían con los requisitos para poder ser habilitadas. De igual manera, con los candidatos: no hubo miramientos de ningún tipo a la calificación de candidaturas.
¿La transición ha servido para cambiar el modelo de elecciones impuesto desde Montecristi?
Esta transición ha servido para ser más democráticos y no tener restricciones. Lamentablemente, en los últimos 10 años se utilizó la ley bajo interpretaciones para afectar derechos de la participación de algunas organizaciones. Cuando nos vimos abocados a cumplir con la ley, también nos dimos cuenta de que tiene vacíos. Eso fue lo que permitió utilizarla políticamente para perjudicar la participación de organizaciones políticas y sociales.
¿Cuáles son los principales problemas del Código de la Democracia?
Primero, una de las cosas más cuestionadas y que personalmente yo propuse en el CNE transitorio era revisar el método de adjudicación de escaños, que favorece a los partidos políticos más fuertes. Esperemos que esto sea debatido y sea acogido.
¿El método D’Hondt?
Sí, el método D’Hondt; que incluso fue declarado inconstitucional en el 2004 y que lamentablemente fue retomado para fortalecer a los más grandes. La segunda cosa, hay temas fundamentales que la sociedad demanda: la depuración del padrón o el tema del derecho a votar de los migrantes. Hay vacíos en el Código de la Democracia; por ejemplo, la ley no obliga a asumir un trabajo coordinado entre el Registro Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Cancillería, entonces al no tener esa obligación todo lo que hacían estas instituciones era trasladar las responsabilidades de una a otra.
¿Pueden aguantar las próximas elecciones, que son las presidenciales, con este Código de la Democracia? ¿Son necesarias las reformas?
Es importante, es necesaria y es urgente una reforma al Código de la Democracia. La sociedad tiene que hacer las recomendaciones de lo que se debe mejorar en el siguiente proceso electoral.
En un supuesto de que las votaciones fueran en seis meses. ¿Cree que esas elecciones aguantarían con este Código?
Es urgente llevar a cabo esta reforma electoral. Podríamos llevar las elecciones con normalidad, ya lo hemos hecho durante 10 años, pero siempre es importante mejorar. Por ejemplo, hay infracciones electorales que no están tipificadas: no se puede sancionar la campaña anticipada, ni el origen de los fondos para financiarlas. En el caso de la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sus elecciones deben ser equiparadas con el Código de la Democracia.
Incluso el procedimiento para calificar candidaturas: hay informes de Contraloría en contra de alguien y se especifica que no puede ocupar un cargo público, pero ese no es impedimento para ser candidato. Sería fundamental la reforma para que quien tenga una glosa, un impedimento o una destitución de la Contraloría ya no pueda ser calificado como candidato.
Ahora que hay más de 80 000 candidatos, parece que la ley está direccionada más a los candidatos que a los ciudadanos…
La Constitución es garantista de derechos y el Código de la Democracia va en concordancia. Los requisitos para calificar candidatos y organizaciones políticas dan absoluta libertad, no restringen nada y eso posibilita esta gran apertura. Sin embargo, este proceso electoral servirá para que los legisladores, el Ejecutivo o la ciudadanía, por iniciativa popular, planteen reformas sustanciales. Se deberían buscar organizaciones políticas fuertes. Tenemos muy pocas organizaciones nacionales, 21, y el mayor número son las cantonales, luego las provinciales y las parroquiales. Hay el caso de un movimiento de una parroquia en la Amazonía, que con 91 firmas podía ser movimiento, porque necesitaba el 1,5% de rúbricas de los electores.
¿Da más ventajas al político que al ciudadano?
Da más ventajas, efectivamente, a las organizaciones políticas y, en contraposición, la gente no sabe por quién votar y dice no sé cuáles son los candidatos a alcalde. Tenemos un cantón con 23 postulantes a la Alcaldía. Entonces ¿es democrático? Sí. Pero ¿y el derecho del ciudadano para escoger la mejor opción? No va a tener tiempo para saber por quién va a votar.
Eso es lo que en teoría política se llaman falacias de la democracia…
Sí, son cosas que por un lado garantizan derechos, pero también pueden afectar al derecho a estar bien informado para tomar una decisión responsable. Eso se ha demostrado en este proceso electoral.