El CNE y el Ministerio de Finanzas aún no llegan a un acuerdo sobre el presupuesto de las elecciones. Foto: EFE.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no llega a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para concretar el presupuesto para las elecciones 2021.
De un lado, el organismo electoral aprobó USD 91 millones para la realización del proceso, valor que está por debajo de los USD 114 millones iniciales. Sin embargo, Finanzas insiste en que el monto debe ser de USD 83 millones.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, explicó días atrás que están “atrasados en muchos aspectos y Finanzas no nos está poniendo el camino fácil para cumplir con los plazos establecidos”. Reiteró que el ministro Mauricio Pozo insiste en la reducción del presupuesto.
¿Pero qué pasa si el ministro no acoge el monto aprobado por el CNE recientemente? ¿Podría ser destituido el funcionario? Dos expertos explican el proceso.
De acuerdo con Esteban Ron, para que proceda una destitución de cualquier servidor público, en el marco del proceso electoral, debe configurarse la infracción que establece el Código de la Democracia en su artículo 279, numeral 7 que señala: “7. La autoridad o funcionario extraño a la Función Electoral que interfiera en el funcionamiento de la Función Electoral puede ser sancionado con: multa desde veintiún salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años”.
El pasado 9 de noviembre, el El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió destituir a Vicente Octavio Ontaneda Vera, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Urdaneta, quien el 23 de agosto del 2020 ordenó medidas cautelares para permitir la participación del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) en las elecciones.
Para que una destitución opere, dijo, deben cumplirse con algunos pasos legales; esto es que el CNE presente una denuncia en contra del servidor o servidores involucrados en el tipo infraccionario ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), además de presentar las pruebas que demuestren que el servidor o servidores hayan interferido manifiestamente en el funcionamiento del CNE.
Una vez presentada la denuncia debe ser calificada por uno de los jueces sorteados del TCE, calificarla, abrir la causa a prueba; el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que presentar sus descargos correspondientes y finalmente el juez emitirá sentencia, la misma que puede ser apelada ante el propio TCE.
“Recordemos que el Ministerio puede presentar descargos de doble índole: técnicos y políticos ya que es el encargado de fijar la política y ejecutarla en su rama; y por otro lado los servidores del CNE y el Ministerio deberían haber logrado acuerdos básicos en las mesas de análisis y fijación presupuestaria”, dijo Ron.
De su parte, Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, explicó que es la primera vez que un ministro de Finanzas averigua en qué rubros va a gastar el CNE, por lo que cree que el organismo tiene que justificar los gastos.
“El CNE podría llevar el caso ante el TCE y decir que que se está obstruyendo el proceso, pero deben justificar qué es obstrucción, el ministro puede decir ‘dónde está la obstrucción señores, porque los recursos del Estado no están para que de forma libertina sean gastados’ “.
Agregó que un caso similar ya ocurrió cuando la Corte Constitucional consideró que la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el presupuesto de las universidades en el Ecuador, está dentro de sus competencias. Varios sectores buscaban evitar un recorte al presupuesto universitario.
En tanto, el vocal del CNE, Luis Verdesoto, acotó que no ve conveniente iniciar una denuncia al ministro de Finanzas ante el TCE. “Finanzas pide justificativos y notas de respaldo y de gestiones realizadas, deberá justificarse el incremento”, concluyó.