Un hombre sostiene una bandera de la Unión Europea fuera de la entrada a los tribunales de Justicia, el Tribunal Supremo de Gran Bretaña, en Londres, este 13 de octubre de 2016. Foto: AFP
La Alta Corte británica empezó a examinar el jueves, 13 de octubre, una demanda para que el Parlamento, mayoritariamente proeuropeo, tenga la última palabra sobre la salida de la Unión Europea, al contrario de lo que quiere el gobierno.
La rivalidad irreconciliable entre pro-europeos y pro-brexit se trasladó a las puertas del tribunal, en el centro de Londres.
“El Parlamento tiene que votar, la democracia significa una respuesta del Parlamento”, gritaba un hombre agitando una bandera de la Unión Europea.
En el mismo momento, un partidario de abandonar la UE repartía octavillas apelando a “respetar la victoria del brexit”.
Las audiencias se prolongarán hasta el martes que viene (18 de octubre), y en unas pocas semanas se espera una sentencia.
La demanda, que será examinada por los más altos jueces de Inglaterra, fue presentada por varias personas, entre ellas una gestora de un fondo de inversiones, un peluquero y un británico afincado en Francia, a los que se sumaron otros ciudadanos ordinarios.
May rechaza que el Parlamento se pronuncie y ha tildado la demanda de intento de “subvertir” el resultado del referéndum del 23 de junio en que 52% de los votantes se pronunciaron a favor de la salida de la UE.
En una entrevista con la AFP, Gina Miller, cofundadora del fondo de inversiones SCM Private, y una de las demandantes rechazó las acusaciones de May. “No se trata de si nos quedamos o nos vamos, se trata de cómo nos vamos”, explicó.
Si “establecemos el precedente… de que una primera ministra decida qué derechos tenemos y qué no, regresaremos a una dictadura y retrasaremos la democracia 400 años”, añadió.
Los límites del poder ejecutivo en juego
Ante el tribunal, David Pannick, abogado de Miller, dijo que el caso aborda “cuestiones constitucionales sobre los límites del poder ejecutivo de una importancia fundamental”.
Los demandantes aseguran que el referéndum fue sólo “consultivo”, que su desenlance tiene que ser validado por los diputados, y que sólo el Parlamento tiene la potestad de despojar a los británicos de sus derechos como ciudadanos europeos.
“El Parlamento nos llevó a la Unión Europea y sólo el Parlamento puede sacarnos de ella”, argumentó el abogado John Halford, del bufete Bindmans, uno de los defensores de la demanda.
En las últimas horas, May se ha mostrado abierta a que el Parlamento pueda examinar su estrategia de salida de la UE, sin dar muchos detalles del escrutinio que está dispuesta a tolerar, pero en cualquier caso sin poder revertir el resultado del referéndum del 23 de junio.
La mayoría de los diputados hizo campaña a favor de la Unión Europea, y aunque muchos aceptan ya el resultado del referéndum, debatir todos los puntos del plan del gobierno para salir de la UE podría demorar todo el proceso.
May ha anunciado que quiere invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa -la puerta de salida formal de la UE- en marzo de 2017 como muy tarde.
El gobierno argumenta que su derecho a conducir el brexit como quiera es una “prerrogativa real”, un tipo de privilegio ejecutivo que se usa en política exterior.
Dado el nivel de los magistrados a cargo del caso, cualquier apelación iría directamente a la Corte Suprema.