Redacción Política
Una demanda penal en contra del ex empleado de la empresa de casinos Invermun, Jaime Eduardo Solórzano fue la respuesta, de carácter oficial con la que el Gobierno reaccionó ayer ante esta nueva denuncia de corrupción en su contra. El caso de las supuestas coimas que habrían recibido algunos funcionarios del Régimen, incluida la hermana del Presidente de la República, Pierina Correa, es el nuevo episodio dentro de un culebrón que comienza a minar la credibilidad de la llamada revolución ciudadana.
Estas nuevas denuncias fueron reveladas, la semana pasada, por Fabricio Correa, el otro hermano del Primer Mandatario. Pero, luego las profundizó Solórzano. Este ex empleado de Invermun, propietaria de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar, acusa a los hermanos Alvarado Espinel (Fernando y Vinicio) de supuestamente recibir dineros de dicha empresa. Eso lo aseguró en una declaración juramentada y dice tener las pruebas de respaldo.
Otras denuncias
Fabricio Correa denunció la existencia de un ‘círculo rosa’ que está junto al presidente Correa. Aseguró que el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, le hace cometer errores en los decretos.
El hermano mayor del Mandatario también denunció que Antonio Hidalgo, cuñado del vicepresidente Lenín Moreno, le habría exigido una coima por conseguir la adjudicación de la construcción de una vía en el Austro. Presentó una letra de cambio. Moreno negó la acusación.
Fabricio Correa denunció supuestas irregularidades en los contratos para la ejecución de obras viales. Estarían involucrados los ex ministros Jorge Marún Rodríguez y Derlis Palacios. También cuestionó la gestión del ex secretario de Transparencia, Alfredo Vera.
Ante estas acusaciones, ayer, Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública, apoyado por el secretario Jurídico, Alexis Mera, y el subsecretario Óscar Pico, anunció que se ha pedido a la Fiscalía investigar a Solórzano para que “demuestre las pruebas que sustentan esas acusaciones”. En la rueda de prensa, Alvarado también presentó las copias de esa petición, que tienen el sello de la Presidencia de la República.
El caso de las tragamonedas pudieran ser parte de las denuncias de corrupción que Fabricio Correa prometió revelar semanalmente como una “bombita”. Tal promesa, formulada ante los medios de comunicación en su característico tono de ironía, causó preocupación en la Presidencia y entre los militantes de Alianza País.
La razón es que las acusaciones atentan contra uno de los cinco pilares del proyecto político de la lista 35: la revolución ética en el ejercicio del poder. El tema, por tanto, es discutido en Carondelet, en el buró político y al interior del bloque de asambleístas de la lista 35.
En esta última instancia se acordó dar un respaldo irrestricto al presidente Rafael Correa, pero también se decidió investigar las denuncias presentadas por su hermano Fabricio. El Primer Mandatario se ha mostrado como el más empeñoso para que “se conozca la verdad” acerca de estas denuncias.
Alianza País también acordó pedir cuentas a los ministros de Estado y a quienes se les acusa de haber suscrito los contratos con las empresas en las que tiene intereses económicos el hermano del Presidente, manifestó el asambleísta César Rodríguez.
Bajo esa premisa se ha iniciado una serie de investigaciones que aún no da resultados. Rodríguez y los otros asambleístas no dudan que quién está tras de las denuncias es Fabricio Correa, a quien llaman “Caín de la revolución ciudadana”.
Vinicio Alvarado también pidió que el tema se investigara en la Secretaría de Transparencia, una entidad dependiente de Carondelet.
Pero más allá de que en las investigaciones se comprueban o no las acusaciones, el tema está en que ya se presentaron las denuncias. “La gente no sigue el desarrollo de los casos y lo que queda en su mente es que hay una denuncia de corrupción que viene desde el hermano del Presidente y eso la gente lo asume como una verdad”, sostiene Santiago Nieto, de la encuestadora Informe Confidencial.