Redacción Guayaquil
El juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Guayaquil, Manuel Chum, calificó la demanda que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) puso contra el ex propietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu Seminario.
La AGD busca el pago de USD 888 622 887, de una deuda generada por un juicio por daños y perjuicios que le ganó la entidad estatal. La querella fue presentada el 21 de julio pasado por el entonces gerente de la AGD, Carlos Bravo, y ha sido impulsada por la actual gerenta Kattia Torres.
En su demanda aseguraron que Aspiazu no ha realizado el desembolso económico de USD 888,6 millones a la AGD, como lo dispuso el Juzgado Segundo de lo Civil de Guayaquil y que fuera ratificado por el Quinto Tribunal Penal.
Tampoco ha dimitido bienes equivalentes para el embargo, “por lo que se presume la insolvencia” del ex banquero.
El juez sostuvo que “la demanda es clara, precisa y completa, por lo cual se la admite al trámite”. Por eso, concedió ocho días a Aspiazu para que presente el balance de sus bienes, en el cual debe indicar sus activos y pasivos, correspondencias y demás documentos.
También prohibió que el ex banquero abandone el país, sin la autorización de su juzgado, para ello, notificó a las oficinas de Migración del país.
Adicionalmente, le otorgó tres días al ex propietario del Banco del Progreso para que presente sus argumentos.
Aspiazu solicitó, a través de su abogado Francisco Ycaza, que la orden de pago sea revocada y que se le conceda el recurso de
hecho. Pero los jueces del Quinto Tribunal Penal señalaron que esa resolución era inapelable por ser un auto de ejecución del juicio por peculado impulsado por la AGD, por una operación internacional por USD 389,7 millones.