25 de mayo de 2020 12:46

Demanda de inconstitucionalidad por reducción del salario de profesores presentó Unidad Popular

Desde el martes 5 de mayo pasado, estudiantes, profesores y trabajadores se han concentrado en los exteriores de la Universidad Central para mostrar su inconformidad antes esta decisión gubernamental. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El movimiento político Unidad Popular presentó una demanda en contra de la reducción salarial a docentes hasta por un año. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Yadira Trujillo
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Geovanni Atarihuana y Mery Zamora, dirigentes nacionales de Unidad Popular, presentaron ayer domingo 24 de mayo del 2020, ante la Corte Constitucional, una demanda en contra del Decreto Ejecutivo 1053, que reforma el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, estableciendo una jornada especial que implica reducir los salarios a los maestros fiscales y demás servidores hasta por un año a partir del mes de junio.

La organización sostuvo en un comunicado que el Decreto 1053, dictado por el presidente Lenín Moreno, “es inconstitucional al reducir arbitrariamente tanto la jornada de trabajo como las remuneraciones de 170 000 docentes fiscales y miles de servidores públicos, afectando sus derechos y los de sus familias”.

Al respecto, apunta el comunicado, la Constitución en su artículo 11, numeral ocho dice ”será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. En la misma línea, Unidad Popular recordó que el artículo 326, numeral dos establece: “el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: (...) 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”.

La organización sostiene que se demanda la inconstitucionalidad del decreto 1053 también por la forma, ya que -sostienen sus dirigentes- modificar la Ley de Servicio Público introduciendo una “jornada especial reducida” vía una reforma al reglamento es improcedente.

El artículo 147, numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador -se lee en el comunicado- atribuye al Presidente de la República esa potestad reglamentaria, es decir, expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, pero sin contravenirlas ni alterarlas; inobservando y violentando además el orden jerárquico de aplicación de las normas contenidas en el artículo 425 de la Constitución.

Unidad Popular solicitó a la Corte Constitucional que suspenda cautelarmente el Decreto 1053, mientras se pronuncia sobre el fondo de la demanda de inconstitucionalidad, “por la inminente vulneración de derechos de miles de maestros y servidores públicos a partir del 1 de junio.
En Ecuador hay 166 658 profesores de planteles fiscales, el 79% tiene nombramiento. La mayoría está en la categoría G, la de inicio y gana USD 817. La reducción mensual al sueldo sería del 8,33%, por la crisis provocada por la pandemia (covid-19).

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