17 de octubre de 2018 12:39

Defensoría del Pueblo: “La práctica de linchamiento constituye un verdadero flagelo a la dignidad humana y afecta derechos humanos”

La Defensoría del Pueblo dio rueda de prensa sobre los hechos violentos ocurridos en Posorja. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo dio rueda de prensa sobre los hechos violentos ocurridos en Posorja. Foto: Mónica Mendoza / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresó su preocupación y rechazo a los hechos ocurridos en la parroquia rural de Posorja, cantón Guayaquil, donde tres personas fueron asesinadas por una turba la tarde del martes 16 de octubre del 2018.

“La práctica de linchamiento constituye un verdadero flagelo a la dignidad humana y afecta derechos humanos fundamentales como los de no ser privado arbitrariamente de la vida, integridad, libertad personal y garantías judiciales”.

Así señala el pronunciamiento de la defensora nacional Gina Benavides, que la mañana de este miércoles fue leído por Marco Pacheco, coordinador zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, en Guayaquil.

Además, que esta práctica involucra tratos crueles, inhumanos y degradantes. “No solo que constituye un delito, sino que comporta serias violaciones a los derechos humanos”.

“No hay ningún hecho que justifique la violencia. La violencia puede llevar a más violencia y terminar en un hecho de barbarie. Ninguna persona tiene el derecho de privar de la vida otra persona y que el Estado entienda que es su responsabilidad garantizar los derechos humanos”, sostuvo el funcionario.

Las tres personas inicialmente fueron detenidos por la Policía por una denuncia de robo a una señora, pero se corrió el rumor de un supuesto intento de secuestro de tres niños.

La muchedumbre protestó ante la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), atacó el lugar, se metió al calabozo y los sacó a la calle donde los golpearon hasta asesinarlos.

Pacheco mencionó que en un Estado de Derecho, ningún delito o antecedente penal justifica que sus ciudadanos se tomen la justicia por la mano propia. “Los delitos deben ser investigados, juzgados y sancionados por las instituciones correspondientes”.

Añadió que el monopolio del uso de la fuerza y la capacidad de hacer justicia son competencia del Estado para garantizar un marco encaminado a combatir la impunidad. Le corresponde al Estado generar confianza a la ciudadanía mediante una práctica eficiente y eficaz de la administración de justicia y sus cuerpos de seguridad”.

La Defensoría, señala que este tipo de prácticas afectan profundamente los fundamentos éticos de la sociedad, pues degrada el valor de la vida y quebranta a la comunidad al sustituir los lazos de unidad y solidaridad por el temor, el odio, la desconfianza y la violencia.

Pacheco dijo que la Defensoría hará un acompañamiento a los familiares de las víctimas de Posorja. La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de reproducir mensajes, sin el debido sustento.

A los medios de comunicación, quienes cumplen un rol importante en la sociedad, exhortó a reflexionar sobre el uso responsable de la información a través de las redes sociales, a fin de "no difundir noticias sin sustento y no incentivar la práctica de la violencia".

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